La presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Aimeé Sentmat de Grimaldo, dijo que desde el gremio bancario “no consideran que Panamá merezca estar en una lista gris del grupo de Acción Financiera (GAFI)”.
Esta semana se celebra en Orlando, Estados Unidos, la reunión plenaria en la que el organismo internacional define si Panamá regresa a la lista de países con deficiencias para evitar el lavado de dinero, en la que ya estuvo entre 2014 y 2016.
Un menor impacto por eventual ingreso
Sentmat de Grimaldo dijo que el país ha hecho “los esfuerzos para ir adecuándose a condiciones internacionales” y que se ha ejecutado una hoja de ruta que empezó desde la Ley 23 de 2015, con la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, que aumentó el marco de supervisión y regulación, y más recientemente, con la aprobación de la penalización del fraude fiscal.
“El sector bancario ha sido un actor fundamental, porque todas estas regulaciones deben ser ejecutadas por la banca. La Asociación Bancaria considera que al país se le debiera reconocer el progreso y darle el tiempo para demostrar la efectividad”.
El GAFI establece 40 recomendaciones de cumplimiento técnicas y 11 de efectividad como herramientas para que los países puedan fortalecer sus marcos de prevención de blanqueo de capitales.
Panamá ingresó a la lista gris en 2014, luego de una evaluación de 2012 que reveló deficiencias en la mayoría de las recomendaciones técnicas.
El paso por la lista gris supuso la implementación de un plan de acción con una reingeniería del marco legal, que llevó a Panamá a mejorar sustancialmente los niveles de cumplimiento técnico. De las 40 recomendaciones, el país cumple totalmente 13, ampliamente 22, parcialmente 4 y no cumple 1.
No obstante, varios expertos han señalado que en la revisión actual del GAFI pesa más el cumplimiento efectivo. Es decir, la aplicación de las normas adecuadas.
Sentmat de Grimaldo recordó que algunos de los requerimientos son de reciente creación y demostrar efectividad es poco probable.
Tampoco se podrá mostrar efectividad con la ley que penaliza la evasión fiscal. La norma fue aprobada en enero y entró en vigor en marzo, cuando se esperaba para 2018. Y la ley finalmente aprobada redujo considerablemente el estándar que esperaría el GAFI.
La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que el texto que salió de la Asamblea Nacional no fue el mismo del proyecto original, y que lo que busca el organismo internacional es que las penas, por ejemplo, sean disuasivas y eviten la comisión del delito.
Originalmente, el proyecto contemplaba penas de 5 a 12 años por el delito de blanqueo de capitales cuando el dinero lavado procedía de defraudación fiscal, pero en el debate legislativo los diputados decidieron reducir el tiempo de las penas a un periodo de dos a cuatro años.
