No estoy aislado de la realidad. Sé que el Gobierno, con mucha anticipación, ya prorrogó, por otros 25 años, la concesión de los estratégicos puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company (PPC). Preocupado por el futuro de nuestro país, de inmediato plasmo el decálogo para NO conceder tal extensión:
1. PPC se adjudicó la concesión de ambos puertos en 1997 tras proponer una anualidad fija de $22.2 millones y el 10% anual de sus ingresos brutos. Su principal competidor, Kawasaky-Cooper T. Smith, prometió una anualidad fija de $10 millones, más el 9% de los ingresos por manejo de carga contenerizada y el 7.5% de la carga a granel. Pero en 2002 PPC logró que se eliminaran sus compromisos, mediante la irregular modificación del contrato-ley por vía de una resolución sospechosa para equipararse con otros puertos que recibieron concesiones desventajosas.
2. En 2005, PPC negoció una adenda al contrato durante el gobierno de Torrijos, la cual derogó la equiparación portuaria, pero no se restituyeron los compromisos originales (anualidad fija y pago anual de 10% de sus ingresos brutos). A cambio, PPC aceptó pagar al Estado una “contraprestación” por $102 millones. Esa reiterada violación de la seguridad jurídica ahorró a PPC $1,000 millones, comparado con los términos originales.
3. A través de su publicidad, PPC asegura ser un baluarte de Panamá como hub logístico regional, pero la realidad es que se ha dedicado a obstaculizar ese desarrollo. Mediante demandas ante la Corte Suprema, bloqueó en 2008 un proyecto portuario que intentó desarrollar el gobierno de Martín Torrijos en el Pacífico: el megapuerto de Farfán, surgido de estudios técnicos realizados por consultoras de primer nivel.
4. No satisfecha con haber bloqueado la potencial competencia portuaria en 2008, PPC repitió su hazaña en 2015 cuando la ACP lanzó el proyecto portuario de Corozal. Sustentado en estudios técnicos realizados por tres consorcios con buena reputación, el proyecto quedó sepultado ante un tsunami de 28 demandas judiciales impulsadas por PPC. Ambas acciones revelan que PPC ha sido un socio desleal del Estado panameño.
5. Otra violación de PPC ha sido no entregar el 10% de sus ganancias anuales durante los primeros 18 años de operaciones. No fue hasta 2015 que pagó el exiguo dividendo de $1 millón a Panamá, a pesar de la alta rentabilidad de su negocio. A partir de entonces, y solo debido a la amenaza del proyecto de Corozal, comenzó a abonar dividendos; pero de su utilidad declarada de $909.9 millones hasta 2020, solo había devuelto $8 millones al Estado panameño, mucho menos del 10% exigido por la ley.
6. PPC niega que la ampliación del Canal la haya beneficiado, pues se hace la ingenua para ignorar que ello se debió a que no se prepararon para recibir buques neopanamax, como sí lo lograron los puertos de Estados Unidos y de otros países de la región, quienes se han beneficiado con la ampliación canalera. Esa negligencia de PPC ha permitido que los puertos de Buenaventura y Cartagena de Colombia se hayan convertido en importantes centros de trasbordo de carga contenerizada, en una clara competencia con Panamá.
7. Como parte de los más de $1,000 millones en activos recibidos al suscribir la concesión en 1997, PPC obtuvo la valiosa isla Telfers, en el Atlántico, para una eventual expansión. En su lugar, PPC ha rentado terrenos a dos empresas multinacionales, hecho que le ha permitido recibir cuantiosas ganancias.
8. La empresa portuaria alega que el Estado no ha invertido nada para beneficiar sus operaciones en Balboa y Cristóbal, pero ignora olímpicamente que Panamá le ha otorgado su principal recurso (la posición geográfica) a la par que PPC mira hacia otro lado cuando le mencionan que explota una privilegiada ubicación en ambas entradas del Canal.
9. Sustentada en una auditoría superficial de la Contraloría General, PPC reclama tener derecho a la extensión automática de la concesión por otros 25 años, tras argumentar el concepto de “seguridad jurídica” que ella ha sido la primera en violar. Y esta empresa portuaria no se detiene, en ningún momento, para amenazar con supuestas demandas internacionales, a través de sus aliados infiltrados dentro del gobierno, en caso de que no se extienda la concesión.
10. PPC se ha convertido en el enemigo interno de Panamá (the enemy within) en materia de desarrollo portuario y logístico como parte del competitivo mercado del litoral Pacífico. Nada garantiza que esa empresa ceda una pulgada en su proceder.
A nadie se le ocurrió contratar a un equipo de expertos para defender con patriotismo el valor de nuestro principal recurso: la posición geográfica. Afirmo, sin un ápice de duda, que varios ciudadanos sinvergüenzas han amanecido hoy mucho más ricos que ayer. Y espero que, en 2047, cuando venza la nueva extensión portuaria, esos dineros mal habidos hayan sido despilfarrados por los herederos de los actuales bellacos.
El autor es presidente fundador del Colegio Nacional de Periodistas y profesor titular en la Universidad de Panamá.
