Durante la sustentación del presupuesto de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para 2022 en la Asamblea Nacional, algunos diputados, entre ellos, el independiente Edison Broce, cuestionaron al administrador Noriel Araúz sobre la decisión de renovación automática del contrato a Panama Ports Company (PPC) por 25 años o hasta 2047.
Tras la sustentación del presupuesto de la entidad para el próximo año, que asciende a $187 millones o un 8.5% adicional al presupuesto original aprobado para 2021, Broce preguntó al administrador Noriel Araúz ¿quién negoció la renovación del contrato de PPC?
Proyecto de ley
La AMP pidió a los diputados que se reconsidere el proyecto de presupuesto de inversiones para Bocas del Toro, Darién, Panamá Oeste, Azuero, Aguadulce, Chiriquí y Colón donde se puede contribuir a la reactivación económica del país porque permite inyectar recursos a la economía a través de la construcción, el turismo, trabajos directos e ingresos nuevos para la institución. Se propone el desarrollo de infraestructura portuaria.
Araúz, que asistió a la comisión de presupuesto acompañado de los directores de la entidad, dijo que la junta directiva de la AMP tomó la decisión luego de verificar con la auditoría de la Contraloría General de la República, que la empresa había cumplido con sus obligaciones básicas.
¿Cuántos votos y quiénes estuvieron a favor de esa renovación automática?, cuestionó Broce.
“Fue una decisión unánime por parte de todos los miembros de la junta directiva”, respondió el administrador.
Sin embargo, en las reuniones de la directiva de la AMP para esta renovación no estuvo presente el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo ni su suplente el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, porque ambos se declaran impedidos. El primero porque laboró en Morgan & Morgan, firma de abogados de PPC; y el segundo por los conflictos legales entre la empresa y el Canal.
Esto significa que en ese análisis no estuvo nadie presente para defender los intereses del Canal, que con el proyecto de ampliación por $5,250 millones amplió el cauce que utilizan los barcos para llegar a los puertos de Balboa y Cristóbal, que opera PPC, además de otras facilidades.
Broce preguntó si durante las reuniones de la directiva se consideró la renegociación del contrato.
“Yo tengo que recordarles algo, ese contrato mantiene tres adendas que no están amarradas a la prórroga automática o no...”, dijo Araúz.
Agregó que todo funcionario solo puede hacer lo que le permite la ley y ese contrato firmado en 1997 establecía que era un contrato a 50 años.
Sin embargo, Araúz pasó por alto que ese contrato fue modificado a solicitud de la empresa, cambiando todas sus condiciones, las principales que ofertó para ganárselo: el pago al Estado de un canon fijo de $22.2 millones al año y uno variable del 10% de los ingresos brutos de la empresa. Estos dos compromisos fueron eliminados del contrato de un plumazo en 2002, con una resolución firmada durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso y el ministro de Comercio e Industria, Joaquín Jácome.
Igualmente Broce preguntó por qué esa renovación automática no pasa por la Asamblea Nacional, a lo cual Araúz recurrió a la cláusula 2.9 del contrato, que establece que es por 25 años con una renovación automática por 25 años más.
Cuestionado sobre los ingresos de PPC, aportes y cuánto se lleva la empresa de Panamá, Araúz dijo que en aportes son $24 millones al año, pero sobre las utilidades de la empresa manifestó que “esa es información que ellos pasan a sus filiales en el extranjero, entonces sería difícil para nosotros responder qué es ganancia y qué es gasto”.
Otros diputados cuestionaron a Araúz sobre las inversiones portuarias en otras provincias, pero no abordaron el tema de PPC.
