La Cámara de Diputados de Argentina se apresta a dar su apoyo a una iniciativa del gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández para un aporte extraordinario sobre grandes fortunas, por el que espera recaudar unos 3 mil millones de dólares.
El proyecto del llamado “impuesto a la riqueza”, que la oposición rechaza por “confiscatorio”, cuenta en principio con los votos necesarios para obtener su aprobación en la Cámara Baja y deberá luego ser debatida en el Senado, varios meses después de haber sido presentado en el Congreso.
La contribución, por única vez, gravará a aquellas personas cuyo patrimonio declarado supere los 2.35 millones de dólares con una alícuota progresiva de hasta 3.5% para los bienes en Argentina y de hasta 5.25% sobre los bienes fuera del país.
Se estima que el aporte alcanzará a entre 9 mil y 12 mil personas en un país con 40.9% de sus 44 millones de habitantes en la pobreza y desempleo superior al 10% que aún debe remontar una recesión que arrastra desde 2018 en medio de una crisis económica agravada por la pandemia.
El gobierno espera que el aporte a las grandes fortunas ayude a fortalecer el frente fiscal tras ocho meses en los que el Estado destinó millonarias ayudas al sector privado para paliar los efectos económicos de las restricciones impuestas para combatir el avance del coronavirus que ha dejado desde marzo más de 35 mil muertes y 1.3 millón de contagios.
La oposición liberal de Juntos por el Cambio rechaza la iniciativa por considerarla “confiscatoria” en tanto sectores de izquierda anticiparon su abstención.
El diputado por la ciudad de Buenos Aires Álvaro González, del opositor Juntos por el Cambio, consideró que el aporte extraordinario es en realidad “un impuesto más.”
“Argentina ya tiene muchos impuestos y una altísima evasión, en vez de crear nuevos impuestos lo que se debe hacer es eficiente el cobro de los que existes”, argumentó.
Sin embargo, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para asegurarse su aprobación en diputados, en tanto dependerá de aliados para que su paso por el Senado lo convierta en ley.
“La oposición busca argumentos que van a contramano del objetivo que tiene este proyecto y dicen que es un impuesto pero es un aporte extraordinario y por única vez por la pandemia”, afirmó el diputado José Luis Ramón, del interbloque Argentina Federal, aliado al gobierno.
El sector empresario también está dividido frente a la ley. Cámaras de grandes empresas rechazan la iniciativa mientras ha recibido el apoyo de las que nuclean a las pequeñas y medianas.
“La iniciativa terminará descapitalizando a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia sanitaria“, se quejó la poderosa Unión Industrial Argentina, aunque el aporte es para las grandes fortunas y no se impone a las compañías.
El debate será acompañado en la calle por movilizaciones del oficialismo y organizaciones sociales para apoyar la iniciativa que se tratará en el recinto en coincidencia con el Día de la Militancia.
El proyecto establece que el aporte será por única vez. También declara fines específicos para el dinero recaudado, como programas de desarrollo y producción de la pequeña y mediana empresa, proyectos de educación y becas estudiantiles y compra de equipamiento médico.
Establece que el 20% de lo que se recaude se destinará a insumos médicos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia, otro 20% para pymes, 15% a programas para desarrollos sociales, 20% para becas estudiantiles y 25% a programas de desarrollo de gas natural en el país.