La junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se reunió en tres ocasiones para tratar la solicitud de renovación del contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC) en sesión permanente, según la respuesta dada por la institución a una solicitud de información del activista político Ricardo Lombana, con base a la ley de transparencia.
La primera reunión se celebró el 27 de mayo con la asistencia de los 7 integrantes, que según la ley de la AMP, forman la junta directiva con derecho a voz y voto. En esta sesión, el ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo se declaró impedido para participar porque dijo que había laborado en la firma Morgan y Morgan que ha prestado servicios de representación legal a PPC. Luego, los directivos se volvieron a reunir el 31 de mayo con la asistencia de 6 miembros; y el 23 de junio fue el último encuentro con la aprobación de la resolución 43 que autoriza al administrador de la AMP, Noriel Araúz a responder la solicitud de la empresa PPC sobre la renovación del contrato por 25 años más o hasta 2047.
A esta última sesión asistieron Carlos García Molino, viceministro de la Presidencia y quien actuó como presidente de la directiva; Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas; el ministro consejero, José Alejandro Rojas Pardini; y por el sector privado, Patricia Velásquez, Julio De La Lastra y Juan Diego Reyna. Los seis votaron a favor. En esta ultima reunión también estuvo el contralor General de la República, Gerardo Solís, según la respuesta dada por la AMP, y quien solo tiene derecho a voz, de acuerdo con la ley de la AMP.
Lombana, acompañado de un grupo de seguidores, fue ayer a la sede de la AMP, ubicada en Diablo Heights, Balboa, para retirar la documentación solicitada. El paquete con los documentos se lo entregó el director de legal de la AMP, Raúl Gutiérrez. Lombana expresó frente al funcionario que los revisaría para verificar si corresponden a las actas que solicitó sobre las reuniones de la AMP, donde se trató la renovación del contrato de PPC.
La solicitud de información la llevó Lombana a la AMP el pasado 28 de junio y se le respondió el último día de los 30 que establece la ley de transparencia. Desde que se aprobó esta resolución, ningún directivo de la AMP ha salido a explicar al público el detalle de estas reuniones y quiénes habían participado en las sesiones.
