En la búsqueda de recursos para hacer frente a la crisis del nuevo coronavirus y reactivar la economía, el Gobierno identificó en el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) una fuente de fondos.
Con ese fin aprobó la Asamblea Nacional la Ley 139 de 2020. En su artículo 9, la norma autorizaba al Gobierno a solicitar que los activos del FAP le concediesen facilidades de crédito a favor del Banco Nacional de Panamá (BNP). Con ese esquema, el BNP solicitaría un préstamo con los activos del FAP como aval o garantía.
No se liquidaría el FAP, pero se corría el riesgo de que si los activos puestos como garantía perdían valor por la evolución del mercado, el prestamista podría requerir fondos adicionales para que la garantía siguiera cubriendo el monto del préstamo.
Javier Carrizo, gerente general del BNP, recuerda que cuando se planteó la ley los mercados atravesaban momentos de mucha incertidumbre, con líneas de bancos corresponsales que no estaban disponibles. Así, “por seguridad, apelamos al uso del FAP en caso de que fuese necesario”, aunque ese sería el último recurso, dijo.
A finales de marzo, cuando se discutía la ley, el Ministerio de Economía y Finanzas salió a los mercados de capitales y captó $2,500 millones para cubrir parcialmente las necesidades presupuestarias, un movimiento que dio estabilidad a las cuentas y demostró que Panamá seguía teniendo acceso a los mercados para captar recursos.
Dada la capacidad del Gobierno de acudir a los mercados, la opción de usar el FAP como aval en un préstamo del BNP quedaría aplazada por el momento. De hecho, Carrizo consideró que a corto plazo no sería necesario hacer uso del FAP de manera integral.
Además, la Ley 139 de 2020 tenía vigencia hasta el 30 de mayo, así que para rescatar ese esquema habría que volver a pasar por la Asamblea.
Retiro de fondos
De lo que sí hará uso el Gobierno, según adelantó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en su discurso en la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio, es de $80 millones del FAP que estarían disponibles según las leyes vigentes.
Esos fondos, dijo Cortizo, se utilizarán para reforzar el Fondo Solidario de Vivienda, un subsidio de $10,000 para la compra de viviendas con un valor de hasta $70,000. Se trata de una ayuda a las familias de la que también se beneficia el sector de la construcción.
El FAP fue creado por la Ley 38 de 2012 como heredero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. En esa norma se establecieron reglas de acumulación de fondos y también de retiro.
Uno de los supuestos que permiten retirar fondos es en caso de estado de emergencia, con un costo asociado superior al 0.5% del producto interno bruto (PIB), como sucede actualmente.
No obstante, los retiros autorizados están condicionados a que los activos del FAP no queden por debajo del 2% del PIB del año anterior.
Teniendo en cuenta este límite inferior, los fondos que quedarían disponibles son los $80 millones que anunció el presidente.
Dadas las limitaciones que establece la ley vigente, Carrizo abogó por una reforma a la norma “para que se ajuste a la nueva realidad del mundo” y no condicionar su uso a un porcentaje del PIB.
Desde su creación, el Fondo ha transferido al Tesoro Nacional $131.5 millones producto de los rendimientos generados por las inversiones.
Desde el año pasado, los rendimientos son capitalizados, permitiendo el crecimiento orgánico del instrumento de ahorro, que al 30 de junio sumaba un patrimonio de $1,417 millones.
De concretarse el uso de parte de los fondos del FAP para fortalecer el Fondo Solidario de Vivienda, sería la primera vez que se hace un retiro del ahorro nacional desde su creación.
Consultado sobre la nueva estrategia del Ejecutivo, Abdiel Santiago, secretario técnico del FAP, dijo que este esquema “tiene la posibilidad de ayudar de una forma más directa a personas de bajos recursos para conseguir una vivienda y esto tiene un efecto multiplicador porque se trata del sector bienes raíces, que tiene un impacto en la economía nacional”.