“El buen gobierno corporativo lo constituyen estructuras y prácticas que contribuyen a lograr la rendición de cuentas. La estructura esencial es una buena junta de directores con roles, responsabilidades y poderes de toma de decisiones bien definidos.”. Lo anterior se explica en la página cinco del informe más reciente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá.
Tras ocho meses de la administración del presidente Laurentino Cortizo, no se ha dado un solo cambio sustancial que aumente, mejore o transparente la calidad de la gestión pública. Esto se nota muy concretamente en las empresas públicas, y en todos los entes que prestan servicios o generan bienes públicos para los ciudadanos.
El principal problema que enfrenta el gobierno corporativo del Estado es de orden cultural. Max Weber lo denominó el “Estado patrimonialista”. En nuestros lares eso se entiende como que la coalición de partidos políticos que llega al poder se distribuye cuotas de control y espacios políticos.
El desafío panameño consiste en institucionalizar la administración pública con una buena carrera administrativa, con normas que prevengan y castiguen severamente el conflicto de intereses, el desmantelamiento de la política clientelista y una justicia que funcione.
Mientras estos parámetros no se cumplan, los servicios públicos y los bienes del Estado servirán para otros propósitos, muy distintos a los de un buen gobierno corporativo, que puede ser la salida a la crisis de la política canibalista que devora los sueños de los panameños.