La actual administración de la Caja de Seguro Social (CSS) ha visibilizado un enorme problemas de falta de recursos en el subsistema exclusivo de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Con déficits en el flujo de caja, reservas prácticamente agotadas y el compromiso de pagarle a más de 280 mil pensionados, la pregunta es cómo se le hará frente a semejante problema y bajo cuáles fórmulas se encarará la inminente debacle.
El presidente Laurentino Cortizo llamó a un diálogo con el objetivo de encontrar una solución para salvar el sistema público de pensiones. Pero desde su convocatoria dejó sentada su posición de evitar reformas paramétricas como cambios en la edad de jubilación, tasa de reemplazo o cantidad de cuotas requeridas para pensionarse.
Reformas en al menos tres años
El plan de la administración de la CSS es implementar una reforma a lo interno de la entidad durante los próximos tres años, la cual incluye la optimización de los sistemas informáticos para obtener información clara sobre los estados financieros.
Con los cambios administrativos en marcha y una mejora en la economía, pretenden “encarar las reformas e inversiones necesarias para hacer viable el subprograma del IVM”.
Sin embargo, actuarios y especialistas en el tema han advertido que aunque estos cambios sean difíciles desde la óptica política, sobre todo en el actual momento de complejidad económica a raíz de la pandemia, se tendría que recurrir a una combinación de reformas estructurales para darle sostenibilidad al programa en el largo plazo.
Con reservas -que si acaso alcanzarían para pagar las pensiones hasta 2024 y siguiendo la línea del Ejecutivo- la administración de la CSS ha empezado a cabildear lo que sería su plan de escape de la mencionada crisis, enmarcado en lo que han llamado “Posibles escenarios para optimizar el funcionamiento de la CSS y su permanencia”.
Básicamente la propuesta implicaría pedirle dinero prestado al sistema mixto, que es en el que cotizan los trabajadores más jóvenes afiliados a la CSS, quienes mantienen cuentas de ahorro individual para garantizar su retiro.
La idea de la administración, explicada por el subdirector Francisco Bustamante en un conversatorio con la Fundación para el Desarrollo de los Valores Cívicos y Morales, es que durante los próximos tres años el Estado emita bonos con vencimiento a 10 años, los cuales serían comprados con los fondos del sistema mixto para financiar los déficits parciales del subsistema de beneficio definido.
De esta forma y bajo una especie de inversión, el sistema mixto se convertiría en el prestamista del subsistema del beneficio definido, con la promesa de que en una década el Estado, tremendamente endeudado, pague los fondos.
Las deudas que adquiere el Estado terminan siendo compromisos financieros de todos los panameños, pues estas se pagan con los impuestos. Por lo que decir que el Estado pagará la deuda, es también decir que los mismos ahorristas que forman parte del sistema mixto terminarían pagando su propio dinero, advierte Pablo Gutiérrez, financista especializado en gestión de riesgos y seguros.
Lo que habría que conocer a futuro es por cuánto se emitirían los bonos, entendiendo que es un mecanismo que eleva la deuda interna del país sin que esto resuelva el problema estructural de falta de fondos en el IVM, dijo.
Por ahora se desconoce cuánto dinero se tomaría prestado del sistema mixto, si prospera el plan. Lo que sí se sabe es que para solucionar el déficit del subsistema exclusivo de beneficio definido del IVM se necesita muchísimo dinero.
El último informe de la junta técnica actuarial detalla que entre 2024 y 2029 se tendrían que aportar adicionalmente $6,458 millones para financiar los déficits anuales que se generan debido a la enorme diferencia entre los ingresos, el total de egresos y los aportes del Estado ya pactados en la Ley 51, de la CSS.
Entonces, la propuesta de emitir deuda apenas alcanzaría para resolver el problema hasta que termine el actual periodo presencial.
La idea de utilizar los fondos del sistema mixto para resolver el problema del sistema exclusivo de beneficio definido no es nueva en esta administración de la CSS.
La junta directiva de la CSS había solicitado un análisis de la consolidación de los subsistemas del IVM.
Pero la Junta Técnica Actuarial materializó el desastre que pasaría si se consolidara el aún saludable sistema mixto de pensiones con el quebrado subsistema exclusivo de beneficio definido.
Los actuarios hicieron las corridas que equivaldría a eliminar todo lo relacionado con la creación del sistema mixto, lo que daría como resultado un desequilibrio mayor al existente, ya que cuadruplicaría el déficit máximo por año de unos $3,000 millones a un déficit máximo por año de entre $12,000 y $13,000 millones.
Y así, ahora que se conocen las implicaciones de consolidar los sistema, la ruta sería pedir el dinero prestado, lo que implicaría incrementar la deuda del país y comprometer los fondos de quienes ahorran para jubilarse en un programa cuyos primeros afiliados por pensionarse lo estarían haciendo antes de 2030.
