La Gaceta Oficial N°29441, del pasado 24 de diciembre, publicó la resolución del 23 de julio de 2021 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en la que se autorizó el registro de la oferta pública de bonos corporativos por $155 millones de Inmobiliaria Palma Bonita S.A.
Con esta emisión, bajo el respaldo del promotor Empresas Bern, se dará lugar a la aplicación de la polémica Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, tal como lo ha hecho saber la empresa cuando ha presentado el prospecto de su emisión en la comunidad financiera.
Esta ley permite que las personas jurídicas o naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas, reciban certificados de crédito fiscal del impuesto sobre la renta equivalente al 100% de las sumas invertidas en los proyectos fuera del distrito de Panamá.
Dicha emisión financiará un apartahotel en el sector de Veracruz, Panamá Oeste.
La infraestructura turística se ejecutará a raíz de la obtención del dinero que sus promotores logran conseguir con la emisión.
Mientras que el inversionista que compra los instrumentos financieros tendrá el incentivo de recibir en créditos fiscales la totalidad del dinero invertido.
Es así como el Estado sacrificará el cobro de impuesto a favor de inversión turística privada.
La ley de incentivos turísticos había pasado desapercibida hasta que se empezaron a materializar las emisiones que daban cuenta del sacrificio fiscal que asumiría el país.
A mediados de este año, la Cámara de Comercio recomendó que la norma o su reglamentación debían definir zonas de interés turístico donde aplicaría, límites a los créditos fiscales y analizar el monto del crédito fiscal en relación con el valor de la inversión.
El Gobierno dijo que analizaría las recomendaciones. Pero han prosperado emisiones que suman más de $400 millones y hasta la fecha no se conoce sobre alguna reforma.
