Estado reconocerá costos asociados a la pandemia

La Prensa forma parte de

The Trust Project

Estado reconocerá costos asociados a la pandemia
El primer tramo del corredor de las playas, que se redujo de 32 kilómetros a un viaducto de 6 kilómetros, está entre La Espiga y la hacienda Los Calderones, en La Chorrera. Archivo

Las empresas constructoras que sean contratistas del Estado tendrán un trato excepcional vinculado con los costos adicionales que han tenido que asumir a raíz del confinamiento que decretó el Gobierno y las medidas de bioseguridad exigidas para controlar la Covid-19.

El Estado les reconocerá a través de adendas en sus contratos los costos adicionales y no previstos que se generaron en cada obra adjudicada y en ejecución.

Se trata de gastos en seguridad, mantenimiento, adecuaciones y otros que se produjeron en estos proyectos tras la pandemia, de acuerdo con la información revelada por la Contraloría General de la República, que el 20 de julio reestructuró su Dirección Nacional de Ingeniería y anexó un departamento de Análisis de Costo, que estará a cargo de validar la información que presenten las constructoras.

“ Se generó costos en las obras del Estado por seguridad, limpieza, mantenimiento de equipos. Todos estos costos mes a mes se iban acumulando ”

Carlos Allen, vicepresidente de la Capac

Estos costos adicionales para proyectos estatales en ejecución se reconocerán tomando en consideración las sugerencias de la Cámara Panameña de Construcción (Capac) y de acuerdo con los parámetros establecidos por la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría.

La decisión se tomó luego que la Capac sustentó técnicamente, el pasado 19 de mayo de 2021, los parámetros que fueron comparados y homologados con los valores con que ya contaba la Contraloría General en esta materia, indica una nota de la entidad fiscalizadora

El sector de la construcción estuvo paralizado desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 2 de septiembre de 2020, debido a las medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el decreto 506, expedido por el Ministerio de Salud, para controlar la propagación del coronavirus.

“Esto generó costos en las obras del Estado como la contratación de personal de seguridad, limpieza y mantenimiento de equipos. Todos estos costos mes a mes se iban acumulando”, explicó Carlos Allen, vicepresidente de la Capac.

En septiembre de 2020, cuando se reiniciaron los trabajos en las obras de construcción por decisión del Ministerio de Salud, las empresas constructoras -al igual que las demás actividades económicas en el país-, tuvieron que aplicar medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores, como uso de gel alcoholado y artículos de protección.

Para Allen, estas medidas de bioseguridad produjeron otros costos en el sector construcción, que necesitó ampliar campamentos y construir baños.

Además, se generaron otros costos en el transporte del personal, porque no se podía llevar la misma cantidad de personas en los buses y vehículos; y no podían utilizar los elevadores mecánicos con la misma cantidad de trabajadores de forma simultánea, dijo.

“ Nosotros estableceremos los análisis y cada empresa debe presentar la información requerida para gestionar el cobro de estos gastos adicionales”.

José Vence, director de Ingeniería de la Contraloría General de la República.

“Todo esto acarreó costos adicionales no previstos, por lo que al final elevamos la voz a la Contraloría General y a las distintas instituciones que manejan proyectos del Estado, y comenzamos a conversar en reuniones”, detalló Allen.

Explicó que cada empresa tendrá que sustentar sus costos porque ningún proyecto y empresa es igual, y eso no se puede manejar a nivel de un porcentaje fijo.

Los reportes con los respectivos incrementos se deberán presentar ante cada institución contratante para remitir el documento a la Contraloría General de la República.

Allen reconoció que nadie se escapa de aplicar las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud tras la pandemia, pero los proyectos que surgieron después de los decretos no serían considerados porque se asume que el contratista incluyó estos costos adicionales en el contrato.

Por su parte, el director de Ingeniería de la Contraloría General de la República, José Vence, añadió que “cada pago debe ser sustentado en detalle por cada una de las empresas. Nosotros estableceremos los análisis y cada empresa debe presentar las información requerida para gestionar el cobro de estos gastos adicionales”.

El nuevo Departamento de Análisis de Costo de la Contraloría se instituyó a través de la resolución No 998-2020-DNMySC, promulgada en la Gaceta Oficial 29088 de 20 de julio de 2020.

Este departamento cuenta con un software, con una base de datos actualizada en costos de obras de construcción y homologada con varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Educación, la Dirección de Asistencia Social (DAS), el Programa de Saneamiento de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Pandeportes, entre otras.

Se desconoce la cantidad de obras que podrían estar haciendo el reclamo de sobrecostos asociados a la pandemia en cada uno de sus contratos.



Edición Impresa