El Gobierno explora el mecanismo de Asociación Pública Privada (APP) para la construcción de la hidroeléctrica de Bocas del Toro o mejor conocida como Changuinola 2, un proyecto que se tiene planeado desde hace más de 10 años pero que no se ha podido concretar.
El desarrollo de esta obra lo adjudicó en junio de 2014 el entonces gerente de la estatal Empresa de Generación, S.A. (Egesa), Belisario Tejada a Odebrecht Energy Luxembourg -posteriormente Odebrecht Latin Finance- a través de una licitación para elegir al socio estratégico del Estado para construir la hidroeléctrica que en aquel momento se calculaba en una inversión de más de mil millones de dólares. La empresa brasileña fue la única proponente en esa licitación.
Posteriormente, tras los escándalos de corrupción de Odebrecht, el Estado llegó a un acuerdo con la empresa en el cual se estableció que la constructora devolviera la concesión a Egesa, hecho que se concretó en 2016.
Desde entonces el proyecto se ha mantenido a la espera de encontrar un nuevo socio inversionista que se encargue de continuar con la obra que ya cuenta con el estudio de impacto ambiental aprobado. El actual gerente de Egesa, Rafael Terán afirma que todavía no hay pliegos para la licitación ni fondos aprobados pero el proyecto está dentro del plan de expansión eléctrica. Se calcula que la construcción tomará unos cinco años por lo que se prevé que la planta no estaría en operación antes de 2029.
Terán considera que se debe actuar lo más pronto porque este sería el último proyecto hidroeléctrico con embalse que se construiría en el país, y añade que, entre más tiempo pasa es posible que crezca el número de personas en el sitio, entre ellos, individuos que se han trasladado al lugar para tratar de lograr una indemnización.
Egesa ha continuado presentando informes semestrales relacionados con el estudio de impacto ambiental para mantener la concesión del proyecto vigente.