Con una cartera de préstamos personales e hipotecarios cuyo saldo totaliza $104 millones, la administración de la Caja de Seguro Social (CSS) dio un informe a su junta directiva en el que se observan serias deficiencias en el manejo de este negocio, las cuales van desde la falta de un reglamento cónsono con la actividad que realizan, hasta la inexistencia de ciertos controles y garantías.
Mientras cualquier banco de la plaza es altamente regulado por una exigente Superintendencia, la CSS –que corre por cuenta propia en la actividad de prestar dinero– reconoce que su cartera crediticia dirigida a funcionarios está prácticamente cerrada desde noviembre de 2019, esperando un nuevo reglamento, porque cuando llegó la administración de Enrique Lau encontraron “que no existían fiadores ni garantías necesarias”.
Por otro lado, precisaron que están “corrigiendo muchos elementos de los procedimientos y métodos de control interno y de registros contables que están siendo depurados para iniciar un proceso de mercadeo masivo” de los préstamos que se dirigen especialmente a los pensionados.
Los préstamos, otorgados por la institución que administra las pensiones públicas, están orientados a un reducido mercado de personas y también al mercado hipotecario.
Unos $40.7 millones son préstamos que corresponden a clientes pensionados o jubilados, mientras que en manos de los propios funcionarios hay créditos cuyos saldos totalizaron $31.7 millones hasta finales del año 2021, al tiempo que los restantes $31.5 millones corresponden a préstamos hipotecarios, también en manos de trabajadores de la CSS.
De acuerdo con información de la página web de la CSS, la entidad proporciona préstamos a jubilados desde los $2,000 hasta los $67,000, mientras que los préstamos hipotecarios para los colaboradores de la CSS se otorgan con un 98% de financiamiento y hasta por $300 mil, de acuerdo con el ingreso y la capacidad de pago.
La morosidad total de la cartera es de 1.5% y prácticamente toda se encuentra en la esfera judicial, de acuerdo con información compartida a la junta directiva por Felix Camargo, director ejecutivo de Finanzas.
Según Camargo, la cartera dirigida a préstamos a funcionarios está prácticamente cerrada desde noviembre de 2019, esperando un nuevo reglamento, porque cuando llegó la administración de Enrique Lau encontraron “que no existían fiadores ni garantías necesarias”.
Camargo dijo que se trabaja en un nuevo reglamento de préstamos para contar con la figura de los fiadores solidarios. Aunque se conoció que, anteriormente, cuando se intentó pasar el mencionado reglamento por el tamiz de la junta directiva, hubo tantas interrogantes que el mismo no pasó la prueba de fuego.
