El capital natural de los mares que bañan las costas de América Latina incluye una fuente invaluable de recursos pesqueros. A través de la pesca, la región genera más de 11 millones de toneladas de productos alimenticios, que diariamente son extraídos, procesados y comercializados por más de 2.3 millones de personas, en su mayoría pescadores artesanales y que contribuyen a la alimentación de más de 600 millones de habitantes de la región.
Hablar de pesca artesanal es hablar de hombres y mujeres, grupos o familias, que con artes y técnicas de mínima tecnificación se dedican a la captura, recolección, transformación, distribución y comercialización de los recursos pesqueros.
En las comunidades costeras o ribereñas estas actividades suelen representar los principales medios de vida de las familias y para cientos de pequeñas comunidades, muchas de ellas de pueblos originarios, la fuente casi exclusiva de proteína animal.
Panamá, rodeado de dos océanos, es uno de los países de mayor consumo de pescado en la región, con un promedio anual de 13 kilogramos por persona y un gran número de trabajadores de la pesca.
Lamentablemente, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, los efectos adversos del cambio climático y el poco reconocimiento institucional que tiene la pesca artesanal, los ponen en una situación delicada, que amenaza sus medios de subsistencia.
Para reducir la vulnerabilidad a la que se ven expuestos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) hace énfasis en la importancia de fortalecer las medidas de ordenamiento pesquero y en dar reconocimiento a los derechos de los trabajadores de la pesca.
En este sentido, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño ha respondido al llamado de las y los pescadores de América Latina y, con el acompañamiento de la FAO, ha creado la primera Ley Modelo Regional de Pesca Artesanal o de Pequeña Escala, con el fin de generar un marco jurídico de referencia para que los países puedan adoptar, fortalecer y complementar sus políticas y legislaciones nacionales vinculadas a este sector y así puedan afianzar su sostenibilidad.
Como medidas para responder a los desafíos actuales que enfrenta la pesca artesanal, esta ley promueve el registro pesquero y la generación de información para la toma de decisiones; el reconocimiento de los derechos y responsabilidades de las y los trabajadores de la pesca; la aplicación del plan de acción internacional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; la gestión de riesgos y la adaptación del sector al cambio climático; además de promover el enfoque de género y la inclusión de los pescadores y pescadoras en sistemas de protección social con inclusión productiva.
Esta ley modelo es un primer paso. Ahora el desafío es que a través de los parlamentos y congresos, los marcos normativos y jurídicos nacionales vinculados a este sector sean actualizados y fortalecidos, para garantizar las condiciones de empleo decente de las y los trabajadores de la pesca, la sostenibilidad del sector y su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias de la región.