El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está inmerso en un proceso de actualización de su recomendación 24, que tiene que ver con la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
El organismo sigue para este fin un proceso de consulta pública y en la última plenaria, celebrada en París esta semana, hizo públicos los cambios avalados por el GAFI a la recomendación.
Al término de la plenaria, el organismo se refirió en un comunicado a las recientes revelaciones publicadas en la investigación periodística internacional Pandora Papers. “La ocultación de los verdaderos propietarios de las estructuras corporativas, fiduciarias y de otro tipo, y de quienes las controlan, es una técnica habitual para ocultar beneficios ilícitos”, señaló el organismo.
El GAFI ha establecido desde hace años estándares para evitar la ocultación de información de las empresas y más de 200 países se han comprometido a exigir a entidades financieras y no financieras -como abogados, contables y agentes de bienes raíces- que identifiquen y verifiquen la información sobre la propiedad efectiva de las empresas constituidas o que operan en sus jurisdicciones.
Los resultados de las evaluaciones, no obstante, han revelado la falta de medidas eficaces. El organismo reconoce por tanto la necesidad urgente de adoptar nuevas medidas para combatir el uso ilícito de empresas pantalla y por eso pretende actualizar el estándar.
Los cambios propuestos incluyen el requerimiento a los países para que establezcan registros de beneficiarios finales o un sistema alternativo que también permita un acceso eficaz a la información de los beneficiarios finales por parte de las autoridades competentes.
Estos cambios propuestos están ahora en fase de consulta pública hasta fin de año y podrían ser aprobados en la próxima plenaria del GAFI, en febrero de 2022.
Organismos como Transparencia Internacional habían solicitado al GAFI que los registros de beneficiarios se elevaran a estándar en la recomendación 24.
Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional - Panamá, dijo ayer a este diario que el anuncio hecho por el GAFI es un avance, aunque también matizó que se deja una válvula de escape a los países para no adoptar registros, sino otro tipo de mecanismos, aunque estos tendrían que ser efectivos en el sentido de permitir el acceso a información veraz y actualizada sobre los beneficiarios finales.
Panamá aprobó en marzo de 2020 la Ley 129, que crea un registro único y privado de beneficiarios finales.
A la fecha, ese registro no ha sido creado y eso hace, según Barsallo, que Panamá figure en el mapa de los países que aún no tienen registro de beneficiarios.
Si eventualmente se aprueba el cambio a la recomendación, los países serán evaluados en virtud de sus registros o sus mecanismos efectivos para acceder a la información de los beneficiarios finales.
El hecho de que pase a ser estándar de GAFI se uniría a la existencia de una ley local y, por lo tanto, “Panamá no tiene otra salida que tratar de implementar la ley que ya aprobó”, señala Barsallo.
En la más reciente evaluación a Panamá, conocida el pasado jueves, el GAFI mostró su preocupación por el ritmo de avance en la ejecución del plan de acción, pactado en 2019 para contrarrestar las deficiencias en el régimen de prevención de blanqueo de capitales.
El plan expiró en enero de 2021 y aún quedan pendientes 8 de los 15 puntos pactados. El organismo instó a Panamá a completar el plan de acción para febrero de 2022 y si no aprecia suficiente avance considerará nuevas medidas, entre las que se incluyen pasar al país de la lista gris, en la que está actualmente, a la negra.
