El nuevo gobierno de Argentina está proponiendo mayores gravámenes a la exportación y un impuesto a la compra de divisas como parte de un plan para impulsar el gasto social y solucionar su problema de deuda.
Ayer el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley de emergencia económica al Congreso, donde su coalición enfrentará su primera prueba. El mandatario apunta a obtener poderes amplios para renegociar la deuda, aumentar los sueldos y los impuestos, mientras controla los precios de los artículos políticamente sensibles, como los servicios públicos y los medicamentos.
Entre las medidas propuestas se encuentran un aumento a los impuestos para las personas de alto poder adquisitivo, mayores aranceles a las exportaciones argentinas y un gravamen a las compras en el exterior.
Las medidas llegan tras los recientes decretos del gobierno para duplicar temporalmente la indemnización por despido y bajar los precios de los medicamentos.
Este “plan es el primer paso para resolver la crisis económica” de Argentina, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, a periodistas en Buenos Aires. “Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos”, que es el dólar.
Agregó que, para colocar la deuda pública en un camino sostenible, el gobierno primero debe “definir cuál es el sendero de resultados fiscales primarios y comerciales que son consistentes con una Argentina que frena la caída y que se pone de pie”.
Argentina sufre un desempleo de dos dígitos, una inflación superior al 50% y más de un tercio de los ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza. Además, el gobierno se está quedando sin reservas extranjeras y debe renegociar sus deudas con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional, entidad que le otorgó a la administración anterior un rescate récord de $56,000 millones. Los inversores ven una posibilidad muy alta de un incumplimiento soberano.