Es difícil creer que sucedió, pero es cierto. Gracias a la imaginación del administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip), Luis Cucalón, y a la falta de atención del diputado oficialista y presidente de la Asamblea, Sergio “Chello” Gálvez, Panamá ha sufrido un fuerte golpe a su sistema financiero del cual será difícil recuperarse.
En pocas palabras, la Ley 120 de 2013, aprobada a finales del año pasado, cambió el sistema de renta territorial a uno mundial. Es decir, las empresas domiciliadas en Panamá que tengan ingresos en el extranjero ahora deberán pagar impuestos sobre estas rentas, algo totalmente desconocido en la historia del país.
Un análisis certero de lo ocurrido no es tarea fácil: desde la forma inconstitucional en que se aprobó la ley hasta los efectos económicos negativos de la misma, pocas palabras podrán describir las consecuencias inestimables que enfrentará el país producto de este error.
Empezamos con el detalle básico. Uno de los factores más relevantes que hace de Panamá una jurisdicción atractiva para inversores internacionales es que el país no cobra impuesto sobre la renta a los ingresos que las empresas domiciliadas aquí generen en el extranjero.
Esto ha sido un enorme beneficio para Panamá; no solo las empresas tienen un incentivo para establecer su residencia aquí, sino que el flujo de dinero que esto trae a través de los bancos con oficinas en el país aporta a buenos niveles de liquidez y a tasas accesibles, que permiten al panameño tener un acceso fácil al crédito.
Algo que es importante entender es que Panamá no es una jurisdicción en la que es fácil establecer una empresa o abrir una cuenta bancaria para fines de organización patrimonial o para manejos de cargas impositivas.
El peso de las leyes sobre recaudar información de clientes, los largos procesos de verificación por los bancos antes de la apertura de nuevas cuentas y la atención directa de las autoridades de Estados Unidos han sido siempre elementos que pesan en el lado negativo cuando se analiza la plataforma financiera del país.
Jurisdicciones como las Islas Seychelles y San Cristóbal y Nevis son mucho más baratas para el consumidor de servicios internacionales.
Por esto, los puntos fundamentales que han sostenido el atractivo del país han sido elementos del diseño de la plataforma, como el uso del dólar, la protección de las leyes del centro bancario y financiero, el sistema de renta territorial y la calidad de los servicios que proveen los bancos y las firmas de abogado.
Es necesario tener todo este contexto en mente para realmente ver la magnitud del impacto nocivo que ha tenido este descuido en la reforma del Código Fiscal y el cambio del sistema de renta a uno mundial, donde todas las empresas domiciliadas deben tributar sobre sus ingresos, tanto locales como extranjeros.
El primer golpe viene en cuanto a la forma en que se aprobó la medida. En ese momento, la Asamblea Nacional se encontraba en sesiones extraordinarias, lo cual limita el tipo de leyes que pueden discutir a aquellas que sean sugeridas por el Ejecutivo mediante un proceso de convocatoria.
En ningún momento se estableció durante este proceso la posibilidad de reformar el Código Fiscal, por lo cual la modificación fue una movida explícita contra las reglas del juego. Además de esto, el cambio fue propuesto por el administrador de la autoridad tributaria del país, que no tiene facultad de proponer leyes ni textos legales.
El primer control, en este sentido, falló en su totalidad pintando un panorama grave de la Asamblea Nacional, que aprobó la medida sin cuestionar el texto o evaluar el impacto que tendría para el país.
El experto en gobierno corporativo, Carlos Barsallo, resaltó que “es importante también darnos cuenta del tema de la forma en la que se ha procedido. Todo el sistema falló. No existen controles”.
Todo esto es muestra del debilitamiento de las instituciones del país. El abogado Carlos Ernesto González Ramírez explica que “la reforma fiscal introducida sin ningún tipo de debate nacional demuestra la debilidad institucional en la que estamos viviendo y la inclinación al autoritarismo”.
El segundo golpe viene de la redacción de la ley. El texto de la misma tiene tan pobre redacción que establece que todas las personas a lo largo de todo el mundo son contribuyentes panameños. El texto –que también crea una categoría exclusiva de grupos económicos exentos de su aplicación, violando las reglas constitucionales contra fueros y privilegios– ha sido criticado por gremios de abogados y agentes financieros como una especie de haraquiri legal. El país se ha cortado sus propias entrañas.
El tercer golpe viene de sus ramificaciones económicas, financieras y políticas. Un número inestimable de empresas fueron notificadas por sus abogados que el régimen fiscal por el cual habían seleccionado a Panamá cambió de la noche a la mañana, sin aviso y sin discusión. Aunque el Ejecutivo ya explicó que va a hacer lo necesario para derogar la ley, asesores financieros están recomendando que sus inversionistas hagan un redomicilio de sus sociedades.
Para dar una muestra del impacto, un asesor financiero explicó por internet en una página de asesoría, que ha circulado de forma rápida entre la comunidad financiera del país, que “inclusive si esta ley ridícula es derogada, dudaría antes de volver a recomendar Panamá a un cliente después de lo sucedido”.
Adicional a esto, el sistema logístico y de tránsito del país es afectado al perder el concepto de la extraterritorialidad en cuanto a la marina mercante del país. Bajo esta ley, los ingresos de los barcos bajo bandera panameña ahora son sujetos al impuesto sobre la renta, lo que afecta severamente la competitividad del país en este mercado.
UNA PARADOJA DOLOROSA
La ley crea un enredo jurídico que será difícil resolver. Para comenzar, muchas empresas de inversión tienen reglas estrictas sobre las jurisdicciones en las que pueden depositar los fondos de sus clientes. Con el cambio del sistema de renta, aunque eventualmente se derogue la ley, las empresas estarían en incumplimiento de sus políticas internas si permiten que esos fondos permanezcan en Panamá.
Además, cuando deroguen la ley, queda la pregunta: ¿Qué se hará con las rentas generadas durante el tiempo que la ley estuvo vigente?
Si se decide ignorar este plazo de tiempo, se da un duro golpe a la institucionalidad del país, implicando que las leyes se obedecen o se ignoran al criterio del recaudador de impuestos o del Ejecutivo. Por el otro lado, si se decide proceder con el cobro de las sumas debidas bajo esta ley, el exilio de capital del país sería inimaginable.
González Ramírez concluye que “el país requiere limitar el poder del Estado y establecer verdaderos mecanismos de balance de poder” para evitar una repetición de este bochornoso evento a futuro.
No se puede enfatizar suficiente que una de las piedras angulares de la economía nacional fue cambiada por el capricho inconsulto de Luis Cucalón –que seguirá como administrador de ingresos públicos por los próximos siete años– y por la desatención de la Asamblea Nacional.
UN GOLPE AL SISTEMA FINANCIERO
6
Días de vigencia tiene la ley aprobada por la Asamblea y que afecta a las empresas de todo el mundo.
300,000
Sociedades se encuentran registradas en Panamá y son afectadas por la medida.