En medio de la mayor crisis económica que enfrenta el país, grupos de trabajadores y sindicatos marcaron distancia y presentaron formal rechazo al proyecto de ley sustentado por la ministra de Trabajo, Doris Zapata, ante la Asamblea Nacional.
En el documento se plantea extender las suspensiones de los contratos de trabajo hasta diciembre, y modificar el pago del décimo tercer mes y las horas extras de forma temporal.
Ayer, la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) marcharon hacia la Asamblea Nacional para pedir que no se discuta la iniciativa legislativa y advertir lo que consideran reformas al Código de Trabajo.
La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), por su parte, convocó a una conferencia de prensa virtual en la que indicó que el proyecto es un retroceso en las condiciones laborales, y pidieron al Legislativo que “engavete” el documento.
De acuerdo con Zapata, el proyecto de ley busca proteger la mayor cantidad de empleos en el país, así como la supervivencia del sector empresarial, que genera empleos, y que se ha visto afectado por la paralización de la economía como consecuencia del virus respiratorio (Covid-19).
La extensión de los contratos suspendidos garantizaría, de acuerdo con el Ejecutivo, que los trabajadores sean llamados a sus puestos de trabajo en enero de 2021, en el escenario menos favorable. Dicho esto, se evitaría tener que recurrir a la figura de despidos en medio de la pandemia, cuando muchas empresas, cerradas desde hace cuatro meses, no tienen la capacidad para pagar las indemnizaciones.
Los trabajadores reclaman ante el hecho que durante la actual suspensión laboral no reciben salario y muchos no han sido considerados para el bono de $100 que debería entregar el Estado, lo cual se hace insostenible por más tiempo.
Nelva Reyes, secretaria de general de la CGTP, alerta que tratan de aprobar reformas al Código de Trabajo. La ley panameña permite la suspensión laboral por un mes y cuatro meses prorrogables; tiempo que ya cumplirán muchas empresas en el mes de agosto.
Por otro lado, los trabajadores indican que si en el país hay más de 200 mil trabajadores suspendidos y otros miles con reducción de jornada laboral, no entienden por qué hay que modificar el pago de horas extraordinarias, cuando se supone que las empresas están produciendo menos que en el periodo previo a la pandemia de la Covid-19.
Denunciaron que se pretende establecer un 25% como un único recargo por trabajar horas extraordinarias, cuando el artículo 33 del Código de Trabajo establece que, de acuerdo con la jornada en la cual se preste el trabajo extraordinario, los recargos podrán ser del 25%, 50% y del 75%. Temen que lo que se busque es hacer que los pocos trabajadores que se encuentran activos sean considerados para trabajar por más tiempo a un menor costo. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha indicado que ahora más que nunca estará vigilante para que se respeten las relaciones laborales.