Una auditoría dispuesta por la Contraloría de Ecuador reveló ayer que hubo sobreendeudamiento e irregularidades en la contratación de deuda pública en el periodo 2012 a 2016, que corresponde a una parte del gobierno del expresidente Rafael Correa.
En documento preliminar señaló que entre enero de 2012 y diciembre de 2016 el Estado contrajo obligaciones por 50 mil 550 millones de dólares, un 52.5% del producto interno, aunque legalmente no se podía adquirir más del 40%.
El contralor Pablo Celi dijo que tal situación fue posible porque se registraron modificaciones reiteradas en la normativa “que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda y de la determinación de sus componentes”, así como de la fórmula que permitía establecer los límites legales.
Explicó que algunos rubros no fueron considerados como parte de la deuda pública, como las denominadas preventas petroleras, que consistían en la entrega de la producción futura de crudo a cambio de dinero. Celi destacó también que la empresa estatal Petroecuador fue convertida en un organismo de gestión de crédito para elevar la liquidez de las arcas fiscales, para lo cual “no estaba legalmente autorizada”. Los presuntos responsables tienen cinco días para presentar pruebas.