El superintendente de bancos de Panamá, Amauri Castillo, dijo ayer a este diario que como país tenemos que hacer lo que sea necesario para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y se refirió al riesgo que supone la advertencia del organismo internacional de incluir a Panamá en su lista negra si no ve mayor avance en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Castillo dijo que el eventual ingreso del país en la lista negra, en la que actualmente solo están Corea del Norte e Irán, tendría “consecuencias inimaginables” para el sistema bancario y financiero del país y sería un “duro golpe” del cual difícilmente se recuperaría.
“Lo que está en juego al final, y esa es la esencia de cualquier país, es su reputación”, sostuvo el regulador de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Uno de los riesgos más visibles se cierne sobre las líneas de corresponsalía bancarias, necesarias para las transacciones internacionales del sistema y para obtener financiación. “El efecto es que algunos bancos, por el nivel de riesgo que puede representar el país, decidan no continuar ofreciendo ese tipo de servicio”, planteó.
Además, desde el punto de vista de la obtención de líneas de financiamiento, los costos se elevarían, porque “a mayor riesgo, mayor precio” y eso, eventualmente, se traslada a los costos y al nivel de acceso al crédito que pueda tener la población en el país.
A juicio del regulador, sería negativo, además, para la calificación de riesgo y el grado de inversión que ostenta el país, para las relaciones con la banca multilateral y para la captación de inversión extranjera directa. “La gente quiere invertir en países que generan confianza. Atraer buena inversión requiere ciertas condiciones como país”, dijo en una conversación con este diario.
En la última plenaria del GAFI, celebrada este mes de octubre, el organismo instó a Panamá a completar el plan de acción pactado en 2019 antes de febrero de 2022.
Castillo dijo que ha habido avances, pero también apuntó a las tareas pendientes. Entre ellas, se refirió a la necesidad de que los procesos judiciales concluyan y a la creación de un registro de beneficiarios finales.
La falta de avance en este sentido pesa, según Castillo, en la actitud que ha tomado el organismo respecto a Panamá.
El registro fue aprobado a través de la Ley 129 de marzo de 2020 y a la fecha no se ha creado. Esta ley es, precisamente, una de las que ha sido objeto de modificaciones con el proyecto de ley 624, aprobado esta semana en tercer debate en la Asamblea y que pretende reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y hacer más efectivo el intercambio de información fiscal.
Castillo dijo que la eventual aprobación de la ley de extinción de dominio sería otro elemento, además de los mencionados sobre el registro de beneficiarios, la conclusión de casos judiciales, y el proyecto de ley 624, que estarían enviando un mensaje en la dirección correcta.
