Como un efecto directo de la pandemia y la fuerte crisis provocada por las restricciones impuestas por el Gobierno para controlar el coronavirus, la economía se desplomó casi 18% y se perdieron 288 mil 951 empleos formales en 2020.
En este contexto, el incumplimiento de pagos, los refinanciamientos y las reestructuraciones de deuda se han convertido en una cotidianidad para muchos panameños.
Una encuesta realizada por la empresa española GAD3 para La Prensa, demuestra de forma específica cuál ha sido el comportamiento en el cumplimiento o no de algunas obligaciones.
Después de realizar 1,207 entrevistas a teléfonos móviles a mayores de edad, según distribución poblacional en todo el país, la investigación determinó que el 78.9% de los encuestados está realizando sus pagos a préstamos bancarios, mientras que 21.1% no ha podido cumplir con el compromiso financiero.
En el caso de la renta o cuota de mantenimiento, el comportamiento es bastante similar: 25.3% se ha visto obligado a dejar de pagar, versus un 74.7% que sí ha podido hacerle frente.
En todos los segmentos consultados se observa que la mayoría de las personas dijo estar cumpliendo con sus obligaciones financieras. Sin embargo, las proporciones varían cuando se trata de servicios públicos, específicamente en el pago de la luz y el agua potable.
Un 34.9% dijo haberse visto obligado a dejar de cumplir con el pago de estos servicios básicos, aunque la gran mayoría (65.1%) continúa haciéndose eco de su responsabilidad.
Las compañías eléctricas Naturgy y ENSA han expresado su preocupación por una morosidad acumulada desde marzo de 2020, cuando se declaró el estado de emergencia por la pandemia. En el caso de ENSA, que atiende el sector Este de la ciudad de Panamá, las provincias de Colón, Darién, Kuna Yala y las Islas del Pacífico, la cantidad de morosos al 30 de abril de 2021 era de 172 mil clientes, aproximadamente un 30%, con una deuda de $20 millones.
A los encuestados también se les preguntó por el pago de impuestos, resultando que un 19.5% no ha tenido la capacidad de afrontarlos.
En el caso específico del impuesto de inmuebles, por ejemplo, la Dirección General de Ingresos tiene registrados en el sistema un millón 196 mil 957 fincas activas, de las cuales 271 mil 381 están morosas al día de hoy.
Los ingresos corrientes del gobierno central entre enero y abril sumaron $1,696.4 millones. Mejoraron en apenas 0.8% o $13.2 millones el registro de los cuatro primeros meses de 2020.
El resultado de los cuatro primeros meses de 2021 es similar a 2020, pero está lejos de un año previo a la pandemia. En el mismo periodo de tiempo en 2019, el fisco había recaudado $2,079.9 millones.
Es decir, los ingresos de este año son 18.4% menores a los recibidos en 2019.
Esta baja en ingresos respecto a 2019 no está vinculada únicamente con incumplimientos, sino por la caída en rentabilidad y actividad comercial.
Por tradición, los panameños han sido buena paga. Según las estadísticas de APC Intelidat, históricamente más del 90% de la población cumple con sus pagos de forma regular. Pero en el año de pandemia, el poder adquisitivo se debilitó con el cierre casi total de la actividad económica en 2020.
Desde marzo de 2020 hasta abril de 2021, los trabajadores en suspensión laboral, reducción de jornada y terminación de contrato -luego de ser reactivados- han dejado de recibir la suma de $1,935.7 millones, lo que evidentemente genera un lastre en los compromisos financieros.
En respuesta, se establecieron moratorias impositivas, de arrendamiento, bancarias y servicios básicos, intentando establecer una tregua en el pago de ciertos compromisos cuando el país fue sometido a un férreo confinamiento. Se fijaron medidas de alivio financiero para propiciar el pago -así fuese parcial- de las deudas.
La encuesta no especifica si quienes cumplen con los pagos hicieron arreglos de pagos o reestructuración de los términos.
En el caso del sector financiero, las cifras reportadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá al 19 de abril muestran que el saldo de préstamos modificados era de $19,611 millones, cifra que representa una caída de $2,602 millones respecto al registro del pasado 26 de marzo.
El saldo de los créditos del sector privado ascendía a $52 mil 634 a marzo de este año, lo que significa que los préstamos modificados representan el 37% de la totalidad de la cartera.
Los créditos que se acogieron a las medidas de alivio se clasificaron como “modificados”. Y en la medida que los préstamos que fueron objeto de alivio se reestructuran y el cliente cumple con las nuevas condiciones pactadas por un periodo de tiempo, entonces el préstamo ya no se considera dentro de la cartera de modificados.
El 30 de junio de 2021 vence la última extensión del acuerdo bancario que establece extender el alivio financiero. De acuerdo con lo que dictamina este acuerdo, hasta el próximo mes los clientes podrán reprogramar el pago de sus obligaciones sin que se afecten las referencias de crédito ni se ejecutarán las garantías.
