El diálogo para definir el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS) iniciará la próxima semana con varios frentes abiertos para discutir la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Está el problema puntual y urgente respecto al flujo de caja del subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Este programa, con el cual se pagan las actuales pensiones de unos 290 mil jubilados, se alimenta de la cuota obrero-patronal, cuya recaudación se vio fuertemente golpeada por la pandemia.
La administración de la CSS no ha revelado oficialmente el monto que alcanzó dicha recaudación al cierre de 2020. Sin embargo, el subdirector de la entidad, Francisco Bustamante, precisó hace un mes que al cierre del año pasado “tuvimos una caída de casi 40% de los ingresos de la institución. Eso es un impacto directo en el número de empleados que tenemos, de trabajadores cotizando y de empresas”.
Con esta caída en los ingresos, la entidad tendrá que recurrir nuevamente a las limitadas reservas. El golpe a los ahorros del subsistema de beneficio definido del IVM se sabrá con certeza cuando se publiquen los estados financieros de 2020 y se pueda observar el déficit del programa, luego de computarse los aportes que realiza el Estado todos los años.
La pandemia del coronavirus y la paralización de la actividad económica han impactado las finanzas de la institución, complicando el escenario del IVM. Y esto ha dado un sentido de mayor urgencia para resolver el problema de fondo, que es la falta de recursos estructurales para hacerle frente a las pensiones: la cantidad de cotizantes cada vez es menor respecto a los montos de las pensiones y el número de jubilados.
Es decir, que no se trata únicamente de un problema en el flujo de caja para pagar las pensiones en un año particularmente malo por las bajas recaudaciones, sino del inminente agotamiento de las reservas de aquí a que finalice el lustro.
El informe de la Junta Técnica Actuarial, entregado a la administración de la CSS en octubre de 2020, determinó que el IVM no escaparía de ser afectado por la pandemia.
El cálculo indica que para el año 2020 y 2021 las cuotas obrero-patronal aportadas serían 60% y 90%, respectivamente, de lo que normalmente se hubiese recaudado.
Con ello, el fin de las reservas se adelanta a 2025, con un flujo de caja negativo de $741 millones.
En medio de semejantes desafíos, urge que la CSS resuelva las fallas e irregularidades administrativas que arrastra desde hace años. La Contraloría General de la República indicó en una auditoría a los estados financieros de 2018, que existe una evidente debilidad en los controles internos, lo cual podría afectar adversamente la capacidad de la CSS para registrar, procesar o presentar información financiera consistente en las cuentas de caja, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios o cuentas por pagar.
A los problemas en el flujo de caja, el agotamiento de las reservas y las incapacidades administrativas se une los predecibles conflictos de un diálogo que antes de iniciar podría fragmentarse.
La junta directiva de la CSS estableció como parte de los principios que quieren llevar al diálogo, como ente facilitador, que se deben buscar “soluciones creativas”, sin incluir medidas paramétricas, es decir, cambios en la densidad de las cuotas o la edad de jubilación.
Siguen el mandato que dio el presidente Laurentino Cortizo, lo que de alguna manera podría frenar o dificultar las medidas que por los últimos meses han estudiado o recomendado actuarios independientes y la misma Junta Técnica Actuarial de la CSS.
Por otro lado, hasta el día de hoy en la mesa del diálogo el Gobierno tiene nueve representantes, mientras que el sector privado y los trabajadores contarán con tres puestos cada uno, en tanto que los médicos, enfermeras, jubilados y empleados públicos tendrán uno. Algo que también podría generar desequilibrio al momento que se quieran tomar decisiones.
