La mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo laboral ha llegado a muy pocos consensos, a pesar de que quedan escasos días para que finalice la misión para la cual fue creada: presentar propuestas al Ejecutivo en torno a temas laborales y económicos en medio de la crisis.
La diferencia entre los sindicatos, empresarios y el Ministerio de Trabajo (como mediador) se centra en tres puntos claves: las implicaciones generadas por la modificación de las jornadas laborales, la extensión de la suspensión de los contratos laborales planteada por el sector empresarial y los subsidios o apoyo por parte de las empresas y del Gobierno que reclaman los trabajadores.
Los empresarios han advertido de que si no se flexibiliza el mercado laboral será imposible sostener las planillas. Las empresas no están generando ni el 30% de sus ingresos habituales, muchas están completamente cerradas, y aun cuando se ordene la reapertura, la demanda no se reanudará tan rápido como para que todos los trabajadores tengan jornadas completas.
“Las empresas tienen como norte la preservación de la mayor cantidad posible de puestos de trabajo”, dijo uno de los representantes del sector privado sentado en las negociaciones.
Eduardo Gil, representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), indicó que “hay temas que requieren de ciertas garantías que todavía no se ofrecen de manera concreta en la mesa”.
Gil indicó, por su parte, que “si a un trabajador se le modifica la jornada o se le reducen las horas de trabajo, de esa misma forma se le reducen los ingresos mensuales por razones del salario que se ha pactado por hora. Al reducir el salario, puede haber un impacto sobre el pago de las vacaciones, décimos y cálculos de las liquidaciones en caso de que se diera una terminación de la relación laboral”.
Ante este escenario, el sindicalista propone asegurar un mecanismo que permita que la reducción o modificación de la jornada laboral no afecte el costo de las prestaciones laborales de los trabajadores.
“Muchos empresarios pudieran utilizar la reducción de la jornada como mecanismo para abaratar el costo de despido, lo que generaría una ola de destituciones y afectaría la economía en general”, señaló.
Los empresarios, en tanto, indican que la propuesta plantea todo lo contrario. En la medida que tengan mayor flexibilización, de esa misma manera podrán mantener mayor cantidad de personal activo.
Es tan grande la crisis que para muchas empresas resulta imposible liquidar a sus empleados porque no hay dinero para tal cosa.
El confinamiento y las pérdidas que se están generando a raíz de la Covid-19 plantean un escenario trágico para el mercado laboral y las empresas.
Según cifras que maneja el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), desde la apertura del primer bloque de actividades (el pasado 13 de mayo) hasta el 19 de junio, unas 647 empresas del sector privado han solicitado modificar la jornada laboral de 13 mil 17 trabajadores. 500 de estas empresas se encuentran en la provincia de Panamá.
El Mitradel sostiene que de las tres comisiones creadas para presentarle propuestas al Ejecutivo: la de asuntos socio-laborales; la de asuntos laborales, económicos y jurídicos para el trabajo y preservación del empleo; y de retorno gradual, laboral y sanitario, han salido buenas propuestas .
Sin embargo, reconocen que en la comisión de asuntos laborales, económicos y jurídicos para el trabajo y preservación del empleo hay un menor consenso entre las partes.
“Para final de mes, el Presidente recibirá un informe como resultado de la mesa en los puntos que hubo consenso. Pero le corresponderá desarrollar las políticas públicas que considere sobre los temas en los cuales no hubo acuerdo”, dijo un porta voz del Mitradel.
Otro de los temas que se ha convertido en obstáculo en la mesa está relacionado con la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo por un periodo mayor a los cuatro meses.
Este punto generaría cambios al Código de Trabajo, según los obreros, pero el sector empresarial alega que esa no es la intención, sino acordar medidas temporales que permitan a las empresas salir a flote y, por ende, preservar los empleos.
Ayuda social
Un punto importante en el diálogo ha sido la necesidad urgente de fortalecer las redes de protección social.
El gremio obrero considera que el bono de $100 que reciben los trabajadores no es suficiente, además de que no está llegando a todos los afectados.
La mesa tripartita de diálogo por la economía y desarrollo laboral retomará las conversaciones el próximo jueves, tras sostener ayer una reunión virtual durante más de tres horas.
Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, y miembro de la comisión de asuntos socio-laborales, indicó que han propuesto que se defina un subsidio de $500 para todos los trabajadores que han sido suspendidos; para las trabajadoras del hogar, recicladores e informales, además de la reglamentación de la ley de teletrabajo, y condicionar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el retorno de los trabajadores despedidos.
Los empresarios, por su lado, también han pedido que se debe permitir la contratación de carácter temporal, sin que la naturaleza del puesto así lo disponga, mientras se va dando la incorporación gradual de cada una de las actividades económicas.
