La activación de los trabajadores que mantienen contratos suspendidos no sobrepasará el 50% al finalizar el año. Esta es la estimación compartida por el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jean-Pierre Leignadier, quien junto a otros empresarios y grupo de trabajadores participan en reuniones con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), que evalúa cómo hacerle frente a la crisis en el mercado laboral al cierre de este año. A raíz de la pandemia y la consecuente parálisis que ha sufrido la economía, en el país se adoptó la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo, de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo, por un mes y cuatro prórrogas. Posteriormente, y con una crisis que llevó a tener a 282 mil personas con contratos suspendidos, se expidió la Ley No. 157 de 3 de agosto de 2020.
Esta norma permitió la prórroga de la suspensión de los contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2020. Pero el problema es que cumplido ese periodo, en tan solo 29 días, es imposible para algunas empresas llamar a la totalidad de los trabajadores debido a la lenta recuperación económica que ha tenido el país.
Por ahora, solo se ha reactivado cerca del 35% de los puestos de trabajo.
De allí que Leignadier considere que ni siquiera 142 mil trabajadores (que equivalen al 50%) sean llamados en su totalidad al finalizar el 2020.
Durante las últimas dos semanas, precisó, han tenido reuniones con autoridades y gremios de trabajadores con el propósito de evaluar los caminos que se pueden tomar para seguir en el proceso gradual de incorporar trabajadores en 2021.
De acuerdo con lo conversado, durante esta semana el Mitradel planteará algunas propuestas en firme después de la retroalimentación de los sectores.
Hace una semana la titular del Mitradel, Doris Zapata, dijo que se plantearía la posibilidad de prorrogar la suspensión de los contratos laborales, en función de “actividades y de realidades”.
A juicio de la ministra, debe haber una medida de suspensión de contratos “dirigida a aquellos sectores” que no han podido reactivar sus actividades por la Covid-19.
La medida plantea un escenario difícil para los trabajadores que tendrían más de 8 meses en suspensión laboral y sin sus ingresos recurrentes.
Por ello Leignadier recordó la importancia de seguir apegados a las medidas de distanciamiento social para evitar que la pandemia entorpezca el ciclo de recuperación que se espera.