Varios representantes de la banca y economistas calificaron como un precedente negativo para el centro bancario internacional la aprobación de la Ley 156, que impone una moratoria hasta el próximo 31 de diciembre en los pagos de préstamos concedidos por bancos, cooperativas y financieras a personas y empresas afectadas por la crisis del nuevo coronavirus.
La norma fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo y promulgada en la Gaceta Oficial de ayer, 1 de julio, justo en la víspera del 50 aniversario de la aprobación de la ley que creó el centro bancario internacional.
El economista Felipe Chapman dijo que reconoce la gravedad de la situación económica y el impacto que la crisis está generando en los hogares y en las empresas, pero cuestionó la forma de afrontar el problema. Señaló que desde que se creó el centro bancario en 1970, “es la primera vez que tenemos una ley de la Asamblea Nacional que interviene en el mercado bancario, lo cual era innecesario”.
La norma establece una moratoria hasta diciembre sobre préstamos hipotecarios residenciales, personales, de auto, tarjetas de crédito, así como distintos tipos de préstamos comerciales.
Solo se podrán acoger a la moratoria los clientes afectados por la crisis y, por lo tanto, tendrán que acreditar su situación a través de una declaración jurada o con las cartas que demuestren el despido, la suspensión del contrato o la disminución de jornada, según corresponda.
Sin la necesidad de una ley, los bancos ya habían concedido una moratoria automática a sus clientes de consumo entre abril y junio. Además, habían anunciado que concederían nuevos periodos de gracia y otro tipo de soluciones, que podrían llegar hasta diciembre.
Con la moratoria por ley quedará en cierta forma limitada la capacidad de los bancos de llegar a acuerdos intermedios con sus clientes para que, en la medida de sus posibilidades, empiecen a hacer frente a algunas de sus obligaciones, de manera que el cliente no acumule una deuda tan alta y el banco reciba unos ingresos necesarios para cumplir, a su vez, con sus obligaciones.
Para Roberto Brenes, banquero y conocedor del mercado de capitales, con esta ley y con la moratoria de los servicios públicos la Asamblea se está inmiscuyendo en los contratos privados. A su juicio, la Ley 156 sienta un “precedente horroroso a lo interno porque desconoce la importancia del depositante y a lo externo porque desconoce nuestras realidades como centro bancario internacional”.
La presidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Aimeé Sentmat de Grimaldo, mostró preocupación por “la lectura que esta ley pueda tener en el mercado internacional”, ya que solamente contempla el lado de los deudores y no el de los acreedores.
La ejecutiva señaló que si se consideran los depósitos extranjeros del sistema bancario internacional, los fondos de bancos corresponsales y del mercado de capitales, sumados representan el 42% de los fondos del sistema.
Los bancos prestan, principalmente, los recursos que les confían sus depositantes. Sobre esos fondos existen obligaciones, que se cubren principalmente con los ingresos generados por los préstamos.
“Si ponemos presión a la liquidez, esto se va a ver reflejado en la capacidad que tengamos de prestar. Y sin poder propiciar el consumo, es complejo pensar que la economía se puede reactivar”, sostuvo Sentmat, ya que la prioridad de los bancos será utilizar los recursos para atender las obligaciones con los depositantes, restando capacidad para prestar.
En ese sentido, la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras) dijo ayer que la Ley de Moratoria “va a afectar al sistema bancario y es necesario que el Gobierno, el sistema financiero y los gremios ligados a las micro, pequeñas y medianas empresas articulen esfuerzos para un verdadero y efectivo plan de reactivación económica”.
Todas las fuentes consultadas coinciden en que aprobar este tipo de medidas por ley es innecesario, máxime cuando los bancos ya están, desde el pasado mes de marzo, aplicando distintas medidas de alivio a sus clientes.
Hasta el 25 de junio, 39 bancos de la plaza habían flexibilizado las condiciones de más de un millón de préstamos con un saldo total de $26,969 millones.
Sentmat recordó que “el sistema se ha manejado de manera independiente durante 50 años, lo que nos ha ayudado a mantener un posicionamiento diferenciado con el resto de los países y tenemos que preocuparnos de no poner en peligro estos fundamentos que han sido razones valiosas para el éxito del sistema bancario panameño”.
Los distintos actores reconocen que la regulación bancaria debe tener su origen en la Superintendencia de Bancos de Panamá.
El regulador Amauri Castillo coincidió en el hecho del precedente de la Asamblea legislando “en una materia que es altamente técnica”. Dijo que, ya aprobada la ley, velará por su cumplimiento y espera que el Ejecutivo delegue en la Superintendencia la reglamentación de la norma.
El regulador reiteró que “no había necesidad de esa ley”, aunque también lo enmarcó dentro de la situación de crisis que se vive.
“Sentimos que una ley es un instrumento rígido, que no ofrece mucha flexibilidad”, dijo. Por ejemplo, el acuerdo bancario aprobado en marzo por la Superintendencia y que sirvió de base legal para flexibilizar préstamos ya está siendo revisado para una nueva modificación, movimientos que son más difíciles de efectuar con una ley.
