La licitación de litio que se adjudicará a menos de dos meses del término del gobierno de Sebastián Piñera en Chile, el segundo productor mundial del metal, levantó suspicacias en la oposición y en el equipo del presidente electo, el izquierdista Gabriel Boric.
La subasta busca adjudicar 400 mil toneladas de litio metálico o 2.129.200 de toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LME), la unidad de referencia de la industria, divididas en cinco cuotas, con un plazo de siete años para hacer la explotación geológica, los estudios y el desarrollo del proyecto.
El contrato entrega otros 20 años para la explotación de este metal ligero, considerado clave para el desarrollo de los vehículos eléctricos.
“Hasta 2016 Chile era el mayor productor mundial de litio, con un 37% del mercado. Pero hoy caímos (al 32% en 2020) y hemos sido superados por Australia (46%)”, dijo el ministro de Minería de Chile, Juan Carlos Jobet, para justificar el proceso lanzado en octubre para recobrar la posición de liderazgo del país en este mercado emergente.
“Si no logramos aumentar la producción, al año 2030 habremos caído al 17% (de la participación mundial)“, agregó Jobet, que busca que Chile aumente su producción a ese año a 450 mil toneladas de LCE.
Debido a su uso en la fabricación de baterías para autos eléctricos y artículos electrónicos, está previsto que la demanda de litio mundial crecerá un 21% en 2030, de acuerdo a un último reporte de la Comisión Chilena del cobre (Cochilco), un organismo técnico estatal chileno
“Este incremento descansa en el mayor consumo proyectado de baterías de ionlitio del sector automotriz. En efecto, anticipamos que el segmento de vehículos eléctricos pase de representar el 41% del consumo agregado de litio en 2020 a un 73% en 2030“, dice un reporte de Cochilco presentado esta semana.
De la mano también de la electromovilidad y de la demanda de China, el precio del cobre -del cual Chile es su principal productor mundial, con más de un 25% de la oferta global- alcanzó precios récord en 2021 en los mercados internacionales.
La licitación no establece el lugar de explotación. De acuerdo al gobierno, corresponde solo al 4% de las reservas comprobadas de Chile y tras la adjudicación, los proyectos deberán someterse a toda la normativa ambiental vigente.
