Los efectos adversos de la pandemia del Covid-19 sobre nuestra economía son sustantivos y constituyen, sin lugar a dudas, el punto central de preocupación de la sociedad panameña. Las previsiones de crecimiento económico, tanto de fuentes externas como de analistas locales y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas estiman un aumento del PIB en rangos que varían de 4.5% hasta las más optimistas de 11%.
Lo cierto es que los indicadores en el primer trimestre publicados por el INEC reflejan claramente la dicotomía que es característica de nuestra economía: un sector exportador de servicios que empieza a responder gradualmente a mejores condiciones de la demanda externa, como la actividad del Canal de Panamá, la actividad portuaria, además de ciertas exportaciones de productos no tradicionales agropecuarios. También se observa una lenta mejora en las ventas externas de la Zona Libre de Colón y todavía una muy débil actividad de turismo. La actividad exportadora más relevante es la creciente expansión de la actividad minera.
No obstante, los indicadores de la actividad económica ligada al consumo y la inversión doméstica mantienen una tendencia adversa, no solo por el cierre de los dos primeros meses del año, sino por la débil recuperación del ingreso disponible de los agentes económicos ligados al sector local. Los resultados negativos se registran en la construcción, producción industrial y distintos segmentos de actividad comercial y de servicios. Estos sectores constituyen la base de la economía doméstica y son la principal fuente de clientes, tanto corporativo y de personas, del sistema bancario.
Estimular la recuperación de la economía encara varios dilemas que conviene tener presente. El primero y más complejo es el ordenamiento de nuestra posición fiscal.
El crecimiento de nuestra economía en la década pasada se sustentó en una fuerte expansión del gasto de inversión pública, con mega proyectos de construcción, así como el impacto que tuvo la inversión de la expansión del Canal. Es claro que los espacios que tiene la política fiscal para estimular la reactivación de la economía serán muy limitados durante este y los próximos años. Como bien adelantaron las autoridades del MEF, el proceso de endeudamiento del sector público es insostenible. El déficit fiscal en 2020 fue de 10.1% del PIB, mayor al 3.1% registrado en 2019.
Por ende, el proceso de ordenar las cuentas fiscales será un dilema complicado para lograr un balance adecuado entre medidas de contención y reducción del gasto y mantener una estructura y política tributaria que no sea recesiva. Añadimos a esto el hecho que atender la contingencia del Programa IVM tendrá en el muy corto plazo un impacto sobre las cuentas fiscales sustantivo.
Si bien, se escuchan voces que con buena intención propugnan por una reducción fuerte del gasto público en aras de la transparencia y combate a la corrupción, lo responsable es que las medidas no vayan a acentuar la difícil reactivación de la economía. Por ello, el balance y sana administración de recursos será clave en un entorno en que los ingresos fiscales siguen mostrando tendencias negativas. Este balance debe tener siempre presente la transparencia de ejecución de los gastos.
Por el lado del sector privado local los dilemas son igual de complejos. El motor de crecimiento en la década pasada se sustentó en una fuerte expansión del gasto de inversión en construcción privada, tanto residencial como en el sector comercial.
Gran parte de la expansión fue gracias al fuerte impulso del crédito bancario, cuya fuente proviene del buen acceso al ahorro de los particulares que proporcionan una fuerte liquidez al sistema bancario. No obstante, el exceso de inventarios de unidades residenciales y comerciales y su lenta salida al mercado no permiten prever que este sector pueda ser una fuente de estímulo como en el pasado reciente. Es lo que muchos llaman el agotamiento del modelo.
Al inicio de la pandemia la preocupación central de los supervisores y autoridades de política monetaria, no solo en Panamá sino a nivel global, era que los efectos de la Covid-19 no se trasladaran de la economía real al sector financiero, con síntomas de problemas sobre la liquidez y solvencia.
Bancos centrales a lo largo del mundo inyectaron fuertes medidas de apoyo de liquidez a los sistemas bancarios. Con el pasar de los meses, especialmente en Panamá, las expectativas de presiones de liquidez, han dado paso a los problemas de crédito, tanto para reactivar la economía como para dar alternativas a clientes que han sido impactados por la pandemia.
El sistema bancario de Panamá tuvo la capacidad para absorber los efectos negativos de la pandemia, aún con la fuerte reducción de ganancias de 2020. Si bien los bancos mantienen posiciones de liquidez sólidas, la demanda de crédito del sector privado todavía se mantiene más lenta de lo previsto, no solo por el motivo de precaución y toma de riesgo del sistema, sino por la menor dinámica del ambiente de negocio local y altos niveles de desempleo (18%).
Una señal clara de los dilemas complejos de esta coyuntura es la transición de las medidas de alivio financiero que regulatoriamente aprobó la Superintendencia de Bancos. Un gran segmento de clientes se beneficia de medidas de modificación de sus préstamos por los efectos de la pandemia. La cartera modificada asciende actualmente a unos $18,668 millones, alcanzando a cerca de 610 mil clientes, de acuerdo a la información que publica la SBP.
Si los créditos de estos clientes no se hubiesen acogido a las medidas de alivio y se clasificaran con las regulaciones previas a la Covid-19, la morosidad del sistema para la cartera de consumo sería de forma estresada en promedio entre 20% a 25%; y la cartera corporativa entre 10% a 15%.
Estos niveles distan de la mora regulatoria actual cercana al 4%, por efecto de las medidas de alivio. Por ello, en un entorno en que la economía local no ha vuelto a retomar una tendencia favorable, la gran tarea es reestructurar los créditos de una masa significativa de clientes, corporativos y personas, que todavía no han vuelto a un flujo de ingreso previo a la Covid-19, o si lo han hecho, son menores por la realidad actual.
Esta reestructuración implica para los bancos evaluar posibilidades reales de flujos de ingreso futuros de negocios, pero también reflejar en sus balances el valor real de realización de ese activo. Ello en un entorno tanto de compleja valoración de las garantías que amparan muchos créditos, y en que la capacidad de generación de utilidades se sigue reduciendo (19% a marzo 2021).
Desde la regulación bancaria será clave mantener un balance adecuado y prudencial para que las medidas no constituyan un freno a la recuperación de la economía, pero que reflejen con transparencia la real situación de los bancos del sistema.
Otro elemento no menos importante es el hecho que el país se mantiene en la lista gris del GAFI. El país debe completar en corto plazo los progresos que permitan cumplir con el plan de acción acordado con GAFI. Los accesos a fuentes de créditos de multilaterales y de relaciones de corresponsalías bancaria deben mantenerse fluidas, dado el potencial menor acceso a recursos de ahorro doméstico para sostener el crédito bancario al sector privado. Dadas las medidas que hay que tomar, es altamente prudente y aconsejable una sana coordinación entre el MEF y la SBP, respetando la institucionalidad y autonomía de ambos entes, para lograr un entorno de políticas fiscales y macro prudenciales, que sean efectivas para superar los dilemas de la reactivación económica.
El autor es economista
