América Latina suele encabezar los rankings de regiones con índices más altos de percepción de corrupción. Se calcula que la corrupción le cuesta a la región 220,000 millones de dólares al año, equivalente al PIB de Perú o a las reservas internacionales de Alemania.
Con estos precedentes, gestionar una pandemia global supuso todo un reto. Los países se vieron obligados a incrementar fuertemente sus gastos en varios rubros entre los que se destacan los temas sanitarios: a nivel global, la OMS estima que mensualmente se requieren 89 millones de mascarillas médicas, 76 millones de guantes de examen y 1.6 millones de gafas protectoras. Además, se calcula que sólo en vacunas contra la Covid-19 se han suscrito contratos con un fuerte aporte de fondos públicos —más de 9,000 millones de dólares de los gobiernos y más de 2,000 millones de entidades benéficas. El rango de precio por dosis de vacunas, de acuerdo con UNICEF, está entre los $2 y los $40, lo cual demuestra que se están abriendo oportunidades de corrupción en evidentes sobreprecios.
Queda claro que la gestión de la pandemia supone un gran reto en materia de gestión para los gobiernos de la región, y que la propia emergencia sanitaria genera amplias oportunidades de corrupción. En ese sentido, los gobiernos necesitan atender eficientemente a la población y garantizar al mismo tiempo condiciones de transparencia en los procesos de contratación y compra públicas, tanto a nivel sanitario y de urgencia como en materia de recuperación económica.
En este tiempo han aparecido casos de irregularidades, como la vacunación arbitraria de altas autoridades en la región o fijación artificial de precios en insumos médicos. Pero también ha habido una mayor exigencia en materia de transparencia sobre los precios de compra o suministros de insumos claves para combatir la pandemia. Por ejemplo, recientemente en Colombia un alto tribunal ordenó al gobierno entregar la información de los contratos relacionados con la compra de las vacunas. A pesar de que todavía no existen cifras sobre si la corrupción ha aumentado con la pandemia, se estima que el costo global de la corrupción es 5% del PIB mundial.
Según la CEPAL, esto es más del doble de lo que se requiere para brindar un ingreso básico de emergencia a todas las personas en América Latina y el Caribe que viven en pobreza.Los esfuerzos para combatir la corrupción durante la pandemia también son destacables. Se han usado tecnologías basadas en datos para darle más publicidad y transparencia a los procesos de compra pública de emergencia. Desde mecanismos de asignación y rastreo de gastos en tiempo real.
De todas formas, esto no ha impedido que varios países están empezando a usar la analítica de datos, el machine learning y la inteligencia artificial para combatir la corrupción, en lo que representa otra muestra el potencial de la digita En esta línea, por ejemplo, en Brasil con el aplicativo ALICE y en Colombia con el aplicativo OCEANO, las autoridades de control están en capacidad de rastrear de modo masivo y en tiempo real riesgos de corrupción a partir de la información publicada por las agencias de compra pública.
“América Latina sigue necesitando reformas históricas para aplacar la corrupción, la mayoría relacionadas con el compromiso de Lima del 2018. Es necesario hacer ajustes institucionales anticorrupción como la regulación del conflicto de interés, la regulación del lobby y el cabildeo, la adopción de un régimen para la protección de los denunciantes, la implementación profunda de mecanismos antilavado de dinero así como de las convenciones antisoborno, y la simplificación de procesos para recuperar activos mal habidos”, dice Camilo Cetina, ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado de CAF.
El autor es ejecutivo principal de comunicación en CAF.
