Carlos Alfredo De la Guardia Romero, directivo del grupo, llegó casi media hora antes de la fecha fijada para la audiencia, 10:00 de la mañana del viernes 12 de diciembre.
Los otros encausados, Aquilino De la Guardia, su socio, Epiménides Díaz; los contadores del grupo, Rossana Castillo de Guerra, Melchor Rueda y Emanuel Calderón, así como, Aurora Díaz, funcionaria de la desaparecida firma auditora, Arthur Andersen, se hicieron representar por sus abogados.
El único familiar que acompañó a Carlos De la Guardia en las cinco horas que duró la audiencia fue su hermano, Juan Raúl de la Guardia. A media sesión se presentó la ex magistrada Aura Emerita Guerra de Villalaz, quien al parecer fue a darle su apoyo al atribulado empresario. Permaneció en la sala como unos 45 minutos, se sentó muy cerca del directivo de Adelag y al momento de retirarse se despidió de Juan Raúl.
La fiscal Décima Cuarta, Maribel Cornejo, alegó por hora y media, tiempo en el que puso todo su empeño e hizo referencia a todas las pruebas documentales que le permitieran convencer al juez, Carlos Carrasquilla, quien actuó en remplazo del titular, Raúl Olmos, de que hay suficientes méritos para llamar a juicio a seis de los acusados de la quiebra del Grupo Adelag por el delito falsificación de documentos y estafa.
Carlos De la Guardia siguió con atención el alegato, en momentos quedaba pensativo, se llevaba las manos a la cabeza y en otros hacía comentarios a su abogado, Carlos Carrillo, quien tomaba nota de las aseveraciones de la fiscal.
Al mejor estilo de Bety, la fea
Los "maquillajes" financieros que buscan hacer aparentar una situación económica distinta a la que realmente registra una empresa, no solo son temas de telenovela. Se dan en la vida real, y casi simultáneamente con la popular novela colombiana ocurrieron en Adelag, grupo comercial de gran trayectoria en el país, hasta junio de 2000.
Y así lo resaltó Maribel Cornejo. En Adelag, conformado por 10 empresas, que trabajaban con unos 24 bancos, "se dieron situaciones irregulares y conductas delictivas por parte de sus directivos".
Todo ello, subrayó Cornejo, con el único propósito de engañar a los inversionistas y a los bancos a fin de continuar gozando de líneas de crédito.
Y la estafa "no se hizo en solo un día", sino que "se fraguó a lo largo de seis meses, en los que los directivos de Adelag ordenaron a Melchor Rueda que añadiera información falsa en los estados financieros".
Cornejo hizo referencia a la carta que los hermanos de la Guardia y Epiménides Díaz enviaron al comité de bancos acreedores, luego que fracasó el plan de reestructuración, en la que aceptan que el valor de los activos de sus empresas fueron "ajustados" por 51 millones de dólares, tal como lo señaló un áudito realizado por la firma Ernest & Young.
Según los resultados del áudito de Ernest & Young, los activos de estas empresas estaban sobrevalorados en 51 millones 458 mil 291 dólares, y no en 17 millones de dólares como en un principio habían confesado los De la Guardia.
Algo que llamó la atención de la fiscal en los cuatro años de investigación que le tomó este caso, es que las 10 empresas que conformaban el Grupo Adelag tenían cierre de periodos fiscales distintos, así como diferentes firmas de auditores. Además en sus estados financieros se cruzaban cuentas o deudas.
Por su parte, el querellante, Carlos Muñoz Pope, quien actuó en representación de Banco General y Citibank, reafirmó los argumentos de la fiscalía y recordó los "viajes faraónicos" a los que estaban acostumbrados los directivos de Adelag.
Figura inexistente
Carlos Carrillo, al igual que Carmen López de Flores, abogada de Aquilino De la Guardia y Rogelio Saltarín, defensor de Epiménides Díaz, basaron sus alegatos en el hecho de que uno de los delitos de que se les acusa a sus representados (falsificación ideológica de documentos privados) es una figura inexistente en la legislación panameña.
También rechazaron los cargos de estafa porque, según adujeron, todo el dinero que se les prestó fue usado para enfrentar los problemas financieros del grupo.
Carrillo recordó que la relación del Grupo Adelag con la mayoría de los bancos que ahora reclaman ante los tribunales de justicia, venía desde 1986, mucho antes de que ocurriera la quiebra.
Alegaron además que la fiscalía no ha aportado los elementos suficientes para que se solicite un llamamiento a juicio.
Los otros abogados se mantuvieron en la misma línea. Aunque aceptaron que se dieron "irregularidades", aseveraron que no existen las suficientes pruebas que acrediten que se haya cometido delito alguno
Aurora Díaz, para quien se pidió un sobreseimiento provisional, fue representada por Fermín Castañeda.
