La Caja de Seguro Social (CSS) cerró el año 2021 reportando una recaudación de apenas 13.5 millones, de una morosidad judicial que llegó a los 216 millones de dólares.
De acuerdo con los reportes de la entidad, son más de 30 mil los expedientes que manejan los juzgados ejecutores, instancias que han mostrado deficiencias en el cobro o recuperación del dinero debido a limitaciones de personal, espacio físico y la falta de una política aguerrida en el cobro del dinero.
Un informe presentado por la administración a la junta directiva de la entidad da cuenta de que en 2021 se recibieron 1,625 expedientes que totalizaron un monto de 8.5 millones de dólares por multas, cuentas por cobrar, alcances de auditoría, arrendamientos o hipotecas, además de cuentas de empleados o empleadores.
Aclaran que la gestión judicial no solo incluye el cobro de arreglos de pago, sino también de planillas regulares atrasadas, llegando la recaudación o cobro del año 2019 a un monto de 18.1 millones de dólares; en el año 2020, otros 18.9 millones de dólares. Mientras que en 2021 se recibieron pagos por los 13.5 millones antes mencionados.
En resumen, en los últimos tres años se lograron recuperar 50.6 millones de dólares, frente a los 43.5 millones de morosidad generada en igual periodo, pero la cantidad de expedientes de arrastre y sus consecutivos montos es tan grande frente a las limitaciones de los recursos, que la tarea de cobrar es como arar en el desierto.
La Dirección General de Coordinación Administrativa Judicial de la CSS presentó lo que sería un informe de gestión, necesidades y proyecciones futuras para intentar recuperar mayores montos.
De acuerdo con sus estimaciones de trabajo, cada secretario judicial deberá trabajar mensualmente un mínimo de 15 expedientes de vieja data, además de los expedientes nuevos que se le asignen regularmente.
El plan de productividad correspondiente al año 2022, que ya se ha empezado a desarrollar, está estructurado conforme a lo establecido en las normas que rigen esta materia en el Código Judicial, además del protocolo interno de la CSS (Procedimiento 182-00 para el Cobro de la Morosidad mediante Jurisdicción Coactiva). La meta es lograr una recaudación anual de 36 millones de dólares.
El plan, sin embargo, suena elemental. Dentro de las tareas listadas, la CSS menciona que llevarán un control y seguimiento de cada arreglo de pago que se realice para evitar el atraso, a través de llamadas telefónicas a los empleadores.
Se hará también una divulgación a través de los medios de difusión con que cuenta la CSS de la ley de amnistía, su vigencia y beneficio.
$4.5 millones a través de amnistía
El año pasado, un total de 557 empleadores se acercaron a los juzgados ejecutores de la CSS para hacer arreglos de pago con la entidad. Se logró una recaudación de 4.5 millones de dólares.
Los pagos se hicieron con base a las disposiciones de la Ley 215 de 6 mayo de 2021, que concedió una amnistía de 24 meses para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones adeudadas de los empleadores con la CSS.
Los juzgados hacen arreglos de pago y en el área administrativa el beneficio de esta ley exonera los recargos e intereses de la cuota empleado-empleador.
Por otro lado, se volvería a utilizar la figura del defensor de ausente, en aquellos casos que no se logre la notificación y existan retenciones bancarias sin cobrar.
La efectividad del proyecto estará amarrada con la disponibilidad del recurso humano y el seguimiento a los jueces ejecutores.
Entre 2019 y 2021 se nombraron dos jueces ejecutores, uno para el área metropolitana y otro en la provincia de Colón, por lo que la CSS cuenta en este momento con 10 jueces en todo el país.
En la actualidad, los juzgados ejecutores mantienen en promedio cuatro secretarios judiciales, sin embargo, existen algunos que por el volumen de los expedientes que manejan, han considerado necesario nuevos nombramientos, como es el caso del área metropolitana, Chiriquí y Bocas del Toro.
Por otro lado, ante la falta de espacio físico, tanto en el área metropolitana, como en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, ahora se ha propuesto la creación de dos juzgados.
Esto significaría más presupuesto para el pago de operaciones y planilla, probablemente con nuevos nombramientos, algo que habría generado la preocupación entre algunos miembros de la junta directiva, quienes quisieran ver el resultado parcial de la ruta trazada antes de que se sigan destinando más recursos a la dirección.
En total, el año pasado solo se recuperó el 6.2% de la totalidad de la cartera en cobro judicial.
