Hasta el pasado 10 de junio y a consecuencia de la crisis causada por el nuevo coronavirus, 39 bancos de la plaza habían flexibilizado más de un millón de préstamos, que suman $26,201 millones. Esta cifra representa un 47% del saldo total de la cartera de crédito interno del sistema bancario nacional, según la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Desde que comenzó la crisis sanitaria y económica, prácticamente la mitad de la cartera de crédito ha sido flexibilizada, a través de periodos de gracia y extensión de los plazos de vencimiento.
Estas cifras son esgrimidas por los representantes de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Asociación Bancaria de Panamá para defender que el mercado, con las normas ya aprobadas por el regulador, ha sido capaz de afrontar la situación para aliviar la carga de los clientes, sin la necesidad de que una moratoria hasta diciembre sea impuesta por una ley.
“Los clientes están logrando soluciones sin una ley”, dijo ayer a este diario el superintendente de Bancos, Amauri Castillo.
Ayer regresó al pleno de la Asamblea el proyecto de ley 287, que establece la suspensión de las obligaciones sobre “todos los préstamos hipotecarios, personales y comerciales, a jubilados y tarjetas de crédito otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras”.
La propuesta incluía los préstamos comerciales, los préstamos al sector transporte y los préstamos prendarios durante un periodo de tres meses a partir del 1 de marzo para los afectados por la crisis de la Covid-19.
El proyecto de ley fue vetado parcialmente por el presidente Laurentino Cortizo, alegando que algunos artículos eran inconvenientes y otros inexequibles, es decir, que chocaban con la Constitución Política.
Ayer, en el pleno, la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y la de Economía y Finanzas presentaron informes sobre el veto presidencial.
La comisión de Gobierno dio la razón al Ejecutivo. Consideró que los artículos 4, 5 y 7 contradicen la Constitución y recomendó retirarlos del texto. Los artículos 4 y 7 tratan el tema de los intereses bancarios. El 7, en concreto, señala que las entidades no devengarán intereses, recargos o cualquier tipo de cobro adicional por falto de pago.
La Comisión de Gobierno señala que los intereses cobrados por los bancos son utilizados para pagar los intereses de los ahorristas.
En ese sentido, se vulneraría el derecho a percibir intereses propios de transacciones bancarias entre particulares, algo que sería “violatorio del concepto de propiedad privada”, señaló la comisión.
También encontró que es potencialmente inconstitucional el artículo 5 del proyecto de ley, que establecía que el bono solidario que se concede a los trabajadores afectados por la crisis debía ser “en razón del costo de la canasta básica familiar”, que supera los $300.
La comisión y el Ejecutivo sostienen que la norma no establece el monto del gasto (actualmente el bono que se entrega es de $80) ni una renta sustituta, de manera que “representaría un gasto no contemplado en el Presupuesto de la Nación y por lo tanto inexequible”.
Por su parte, la comisión de Economía y Finanzas planteó varias modificaciones, entre las que destaca la extensión del plazo de la moratoria de los tres meses originalmente planteados, que ya habrían vencido, a un periodo de 10 meses, que irían desde el 1 de marzo al 31 de diciembre. Entre los beneficiarios, en la nueva propuesta no estarían los jubilados.
Cuando Cortizo anunció que vetaría parcialmente el proyecto de ley, adelantó que había llegado a un acuerdo con los bancos para que estos extendieran hasta diciembre las medidas de flexibilización que ya habían aprobado anteriormente.
Los representantes de los bancos han señalado que este nuevo periodo no sería automático, sino que los clientes deben ponerse en contacto con sus entidades para plantear que siguen estando afectados por la crisis y encontrar soluciones a la medida. Las extensiones de los plazos, según los bancos, serían de hasta seis meses, lo que supone que en algunos casos esos plazos podrían ser menores.
El banco puede intentar que en un caso determinado que el cliente siga cubriendo una parte de los intereses, pero no el capital, dijo Castillo a modo de ejemplo, ya que puede haber clientes que hayan visto afectada su situación, pero tengan capacidad de hacer frente a parte de sus pagos.
En ese sentido, Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo que parte de las soluciones planteadas pasan porque aquellos que no puedan pagar, que no lo hagan; aquellos que puedan pagar menos, que paguen menos; y aquellos que pueden hacer frente a sus obligaciones, que también lo hagan.
“Un país no puede vivir solo de moratorias. También tiene que vivir una cultura de solidaridad. Para que la banca pueda prestar necesita disponer de recursos y para que la economía pueda reactivar, la banca tiene que prestar”, dijo Sentmat.
