De los $24,088 millones propuestos en el presupuesto general del Estado para el próximo año, algo más de la mitad ($12,254 millones) se destinarán a gastos de operaciones o funcionamiento; para inversiones se presupuestan $7,766 millones, y para el servicio de la deuda, $4,068 millones.
Así consta en el proyecto de ley 362, que fue sustentado esta semana en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Los $24,088 millones corresponden al presupuesto de todo el aparato estatal, incluyendo intermediarios financieros como el Banco Nacional o la Caja de Ahorros. Cuando se excluye este grupo de entidades, queda el denominado sector público no financiero, una aproximación más real de las capacidades de los ministerios y las distintas instituciones descentralizadas.
En este caso se hacen más pronunciadas las diferencias entre los gastos corrientes, el servicio de la deuda y las inversiones. Para el próximo año, el presupuesto propuesto del sector público no financiero es de $18,962 millones. De ese total, el gasto de funcionamiento sería de $11,420 millones, es decir, un 60%. El otro 40% se lo reparten casi a partes iguales el servicio de la deuda, con un gasto de $3,910 millones (21% del total), y las inversiones, con una asignación de $3,631 millones (19%).
En los últimos años, el gasto operativo y el generado por la deuda han ido ganando espacio a las inversiones.
En 2018, el gasto total del sector público no financiero fue de $15,981 millones. De esa cantidad, $9,312 millones (un 58.3%) correspondía a funcionamiento; $4,349 millones (27.2%), a inversiones, y $2,320 millones (14.5%), al servicio de la deuda.
El director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, reconoció que la inversión debería representar entre el 30% y el 35%, pero señaló que en la elaboración del presupuesto se debe cumplir con compromisos previos en modo de leyes especiales para ajustar los salarios de determinados funcionarios, así como con la obligación de atender los gastos generados por la deuda pública.
Para el próximo ejercicio se contempla un gasto de $6,298 millones en servicios personales en todo el aparato estatal.
González explicó que se produce un aumento de $202 millones solo por la aplicación de ajustes establecidos por leyes especiales. El aumento en el gasto corriente se da en un entorno de menores ingresos, luego de una contracción de la economía que se estima en 9% este año como consecuencia de la crisis del coronavirus. Aunque para el próximo año se espera un repunte de la economía de 4%, la estimación de ingresos es equiparable a la del año 2014.
Domingo Latorraca, exviceministro de Economía, abogó por revisar las leyes especiales, ya que se genera una situación “inadmisible en estos tiempos”. Dijo que se deberían congelar los aumentos por los próximos años porque es injusto con el resto de los funcionarios públicos, porque no responden a evaluación de desempeño y por la situación apretada en las finanzas públicas.
Mientras, el economista Olmedo Estrada apuntó que “si hay limitaciones con los ingresos, se tiene que tomar en consideración la contención del gasto en todo el funcionamiento del Gobierno”.
Por su parte, el aumento del servicio de la deuda contra el año anterior será de $638 millones, incluyendo amortizaciones e intereses. Solo en intereses se prevé el pago de $1,834 millones.
Estrada, secretario general del Colegio de Economistas de Panamá, apuntó que el compromiso de la deuda aumenta, “porque hubo un desenfreno en adquirir financiamiento”, ya que el crecimiento de la economía en el pasado hacía que la relación entre la deuda y el PIB se mantuviera por debajo del 40%, y ahora se estaría pagando esa factura en forma de mayores intereses.
Una mayor asignación en el gasto con limitados ingresos se traducirá en un elevado déficit fiscal para 2021, que se estima preliminarmente en 6.38% del PIB para el gobierno central ($4,310 millones) y en 7% para el sector público no financiero ($4,724 millones).
Esto supondrá un aumento en el saldo de la deuda y el mayor pago de intereses a futuro. Los responsables del Ministerio de Economía y Finanzas han señalado que, a partir de 2022, se debería seguir una tendencia más pronunciada de la reducción del déficit.
Asignación por sector
Cuando se analiza el presupuesto de gastos por sector, se observa que salud, educación y protección y seguridad social, son los que reciben las asignaciones más importantes.
Solo en salud se prevé un gasto de $3,623 millones. González explicó que en esa cifra se incluyen 5 renglones: la asignación para salud dentro del presupuesto de la Caja de Seguro Social, y los presupuestos del Ministerio de Salud (Minsa) -excluyendo las transferencias de capital que se hacen a otras entidades y se registran en el presupuesto del Minsa-, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos y del Instituto Conmemorativo Gorgas.
La asignación de recursos tuvo en cuenta la situación provocada por la pandemia. González añadió que si no se hubiera producido la crisis sanitaria, probablemente este sector no sea el que más recursos recibiría. Adelantó que ya se ha contemplado una partida de $80 millones para atender la compra de vacunas contra el coronavirus durante el primer semestre. Como no hay precisión aún de cuánto costaría ni de qué cantidad de vacunas se requerirían, González dijo que la cifra final podría variar y que si se necesitan más recursos las otras entidades tendrían que colaborar, aunque los recursos adicionales también podrían ser generados producto de una mayor actividad de la economía.
Para educación y cultura, se anticipa un gasto de $2,948 millones, principalmente en los presupuestos del Ministerio de Educación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y las universidades estatales, entre otros.
Habitualmente, en los presupuestos del Estado, educación y salud suelen acumular dotaciones multimillonarias, pero los sistemas no atienden todas las necesidades de la población, como quedó demostrado con la pandemia.
“Se debe optimizar cada dólar que se invierte en el presupuesto. En educación, la situación del sistema se refleja en las pruebas PISA”, dijo Estrada.
Sobre ese aspecto, Latorraca señaló que la pandemia “nos da una oportunidad importante y única para revisar el modelo de educación, que se quedará más obsoleto aún, a medida que el mundo reinicia el proceso de reapertura”.
En materia de salud, el exviceministro abogó por unificar los sistemas de salud pública por las ganancias en eficiencias que se generarían. Para Latorraca, uno de los motivos de que no se obtengan los resultados adecuados en la prestación de servicios sociales es “porque no estamos invirtiendo, sino gastando”.
