A más de un año de haberse declarado el estado de emergencia en Panamá, se han reactivado 179 mil 585 empleos que fueron suspendidos a raíz de las medidas restrictivas que impuso el Gobierno, intentando frenar el brote de la Covid-19.
Sin embargo, posterior a la reactivación de sus puestos de trabajo se ha registrado la terminación laboral de 22 mil 479 personas, en las modalidades de despidos, mutuo acuerdo, destituciones justificadas, terminación de obra o expiración del término pactado.
Además, todavía persisten 104 mil 624 trabajadores con contratos suspendidos, de acuerdo con la información documentada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) hasta el 9 de agosto.
La suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo es una figura que dejó sin efecto la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar el salario.
El año pasado se pensó que esta condición sería utilizada al menos por seis meses, pero el desempeño económico del país ha estado vinculado al proceso de vacunación, el cual no se aceleró sino hasta julio de 2021, cuando comenzó a llegar el mayor número de dosis de vacunas.
Un periodo de suspensión laboral tan extenso como el que han vivido miles de personas en Panamá ha generado pasivos laborales prácticamente imposibles de asumir por pequeñas y medianas empresas.
Con una baja en la demanda y el consumo, algunas empresas no han podido reclutar nuevamente a todo su personal, porque a pesar de que ya están operando, permanecen cerradas algunas sucursales o enfrentan una menor facturación y el arrastre de las deudas que se acumularon mientras la economía prácticamente se cerró el año pasado.
De los 104 mil trabajadores con contratos que aún están suspendidos, el 80% pertenece al sector terciario, donde clasifican actividades como hoteles, restaurantes, bares, actividades inmobiliarias, enseñanza, transporte y almacenamiento, artes y entretenimiento, entre otras actividades.
En los hoteles, actividad que suspendió a 17 mil 667 personas, han retornado 7 mil 617 trabajadores, por lo que todavía faltan un poco más de 10 mil trabajadores en ser habilitados.
En el comercio al por mayor y al detal, uno de los sectores que más sufrió en los días más duros del confinamiento en 2020, se suspendieron contratos a 89 mil 147 trabajadores.
De este total, han retornado 58 mil 956, pero permanecen sin trabajar y sin recibir ingresos 30 mil 191 colaboradores.
En los restaurantes y bares se ha llamado a 15 mil 659 trabajadores que estaban suspendidos, pero todavía queda por reactivar a otros 8 mil 611.
El Mitradel ha anunciado que el plazo de las suspensiones de contratos vence en octubre, lo cual plantea una interrogante sobre la sostenibilidad y el futuro de estos empleos.
Para el consultor empresarial, René Quevedo, la situación es compleja y apremiante.
A la fecha, la pandemia ha impactado a la mitad de los empleos formales del sector privado, ocasionando 431 mil 964 “víctimas socioeconómicas”, especificó.
Esto incluye a los 327 mil 340 empleos formales del sector privado perdidos en 2020, más los 104 mil 624 trabajadores con contratos aún suspendidos.
En conjunto, estaríamos hablando del 49.4% de trabajadores asalariados de la empresa privada antes de la pandemia (873 mil 750).
A juicio de Quevedo, generar empleo requerirá de cuatro condiciones básicas: Eliminar las restricciones de movilidad, ya que las cuarentenas y toques de queda seguirán destruyendo empleos; minimizar la “narrativa del terror”, porque mientras haya miedo de contagio o incertidumbre económica, se seguirá restringiendo el consumo, y por ende las perspectivas de reactivación sostenible de la generación de empleo.
Además, se necesita inyectar liquidez al sistema productivo, a través de financiamiento bancario e inversión extranjera directa (IED), dada la precaria situación financiera del Gobierno; además de buscar “consensos y no culpables para enfrentar a la peor catástrofe laboral de nuestra historia”, dijo el consultor.
La pérdida del empleo formal en la empresa privada tiene consecuencias directas en las finanzas públicas.
Por ejemplo, el colapso del empleo formal privado fue responsable de la reducción del 40% en los ingresos de la Caja del Seguro Social (CSS) en el 2020, así como la contracción del consumo, que se estimó en $600 millones mensuales.
El gran perdedor ha sido el trabajador que se encuentra en la parte más baja de la escala salarial, toda vez que 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus fuentes de ingreso tenían salarios inferiores a los $750 mensuales y desempeñaban trabajos presenciales.
El empleo informal, en tanto, ha ganado terreno.
La Contraloría General de la República reveló el año pasado que de acuerdo con los datos recopilados en su encuesta de empleo había 777 mil 162 empleos informales no agrícolas, es decir un 52.8 % del empleo informal, frente al 44.9% de 2019.
