El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que propondrá una reforma constitucional para fortalecer a la industria eléctrica nacional durante la presentación de su informe anual de gobierno, en el que también destacó logros de sus políticas de austeridad y apoyo social.
Este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, dijo el mandatario
López Obrador se refirió así a sendas reformas del sector energético mexicano, la de los años 1990 y la que promovió su antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), que terminaron con un monopolio estatal de varias décadas abriendo partes del rubro a la inversión privada.
"En nuestro gobierno se han ahorrado $70 mil millones lo que ha evitado incrementar la deuda y los impuestos, además de financiar vastos programas de asistencia social"
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Según el mandatario izquierdista, aquellas iniciativas sirvieron “para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas.”
En contraste, agregó, las instalaciones de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron abandonadas, por lo que su administración trabaja en la modernización de plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón.
Destacó asimismo que su gobierno ha destinado mil 681 millones de dólares a la modernización de seis refinerías, aparte de las inversiones para construir una nueva en el sureste del país y la compra de otra en Estados Unidos.
Su objetivo es que la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) satisfaga completamente la demanda nacional de gasolinas y otros productos refinados para poder terminar con las importaciones. Desde el inicio de su mandato, López Obrador está empeñado en reforzar el papel del Estado en la industria energética nacional, lo que ha generado choques entre el gobierno y el sector empresarial.
En mayo, un juez suspendió la aplicación de una reforma a la ley nacional de hidrocarburos aprobada en abril por la mayoría oficialista en el Congreso.
