Miviot gestiona compra de terreno para damnificados de Eta

Después de más de 10 semanas de las inundaciones en Tierras Altas, tras el coletazo del huracán Eta, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) está en los trámites finales de compra de los terrenos que serán lotificados para reubicar a más de 100 familias afectadas en las comunidades de Bambito y Cerro Punta.

Se negoció la compra de un lote de 8 hectáreas en Paso Ancho por $1.4 millones que fue segregado de una finca privada de 25 hectáreas debidamente inscrita en el Registro Público, informó a este diario el titular del Miviot, Rogelio Paredes.

Los terrenos están ubicados en una planicie con poco bosque y caracterizada por la abundancia de roca volcánica y tierra arenosa que tiene a sus espaldas el volcán Barú, el punto geográfico más alto del país con 3 mil 475 metros de altura sobre el nivel del mar.

El proyecto lo adelanta el Miviot tras la orden del presidente Laurentino Cortizo para buscarle una solución a las familias que perdieron sus casas y bienes tras el desborde del río Chiriquí Viejo el pasado 4 de noviembre.

Los terrenos para el proyecto están cerca de la línea que delimita el Parque Nacional Volcán Barú, creado en 1976 con una extensión de 13 mil 827 hectáreas, mediante decreto 40 del 24 de junio de 1976 y para el cual se aprobó un plan de manejo de esta área protegida en 2004.

El ministro dijo que han sido informados de que los terrenos están cerca de una línea de área protegida, “pero está finca de 25 hectáreas junto con otras más, existía en la inscripción del Registro Público mucho antes de la delimitación del parque”.

A propósito de todas estás áreas dónde se van a reubicar a los afectados, Paredes manifestó que han decidido integrar una mesa de trabajo donde estarán varias instituciones, entre ellas, el Ministerio de Ambiente, Miviot, Registro Público, la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para encontrar una solución sobre la tenencia de estos terrenos. “Esa mesa de trabajo va a buscar alternativas para tratar de presentar una iniciativa legislativa que modifique los línderos del parque y que pueda beneficiar a cerca de 4 mil personas más que están en una situación similar porque están viviendo en las laderas o cerca a la entrada del área protegida del volcán”, dijo. Se trata de poner en orden lo que ya existía, y de paso resolver el problema de los nuevos moradores, añadió.

Se refiere a unas 500 casas que están ubicadas como a un kilómetro del proyecto y que se comenzó a formar desde 1970, cuando el entonces general Omar Torrijos ubicó a 13 familias que se vieron afectadas por la inundación del río Chiriquí Viejo. Ernesto González, residente en el lugar y presidente del Comité de Titulación de Tierras de Paso Ancho, señaló que las comunidades de Bella Vista y Nuevo Bambito están dentro de los terrenos del parque del volcán Barú y tienen más de 30 años de haber solicitado la legalización pero no lo han logrado.

González reconoció que los terrenos donde se van a reubicar a los afectados es una finca privada y considera que es positivo que se saque a los afectados de los lugares donde vivían porque en esas áreas las inundaciones ocurren cada 6 años.

Al respecto el ministro Paredes dijo que a través de la comisión que se nombrará se puede encontrar “una fórmula” para arreglar el problema de los terrenos.

Según el ministro, el valor de $1.4 millones negociado con el dueño del terreno o $19 el metro cuadrado, es un buen precio porque en los alrededores el precio comercial es de $25 o más el metro cuadrado. Además, añadió que es un área segura, con acceso a carretera, servicios públicos y un terreno más alto alejado del río.

Esta propiedad tiene que pasar a nombre del Banco Hipotecario porque es la única manera como puede proceder el Estado para luego asignarlo a los afectados.

Tras la gestión para desarrollar el proyecto, algunos residentes de Volcán y representantes de organizaciones han cuestionado la ubicación, incluso el manejo, porque se podría estar beneficiando con esas casas a personas que no fueron afectadas por las inundaciones.

Paredes afirmó que puede garantizar que con base al censo que se hizo se tiene un expediente de cada afectado con fotografías de las casas que fueron afectadas y el metraje. “Eso significa que nosotros vamos a cumplir con esas familias en esas mismas condiciones y no puede haber nadie que pueda especular, pero si hay alguien que quiere pescar en río revuelto, este ministerio no se va a prestar para eso”.

El Miviot espera hacer la licitación de la urbanización para comenzar los trabajos en esta temporada seca e inmediatamente comenzar a construir las residencias, cuyo proceso de licitación ya se realizó.