Nicaragua nacionalizó la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), tras sanciones impuestas por Estados Unidos que la vinculan con un esquema de corrupción y lavado de dinero del gobierno del presidente Daniel Ortega.
La ley establece que todos los inventarios de DNP pasarán a ser “propiedad total” del Estado de Nicaragua y serán administrados y operados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El texto fue aprobado con 73 votos a favor en el Congreso de 92 escaños dominado por el oficialismo.
Altos funcionarios
Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega, hijo mayor del mandatario y la vicepresidenta, Rosario Murillo. Otros 11 funcionarios y allegados al gobierno han sido sancionados, en el contexto de la crisis política que afecta al país desde 2018.
Ortega envió “de urgencia” el texto al Congreso ante un “potencial desabastecimiento de combustibles y productos derivados del petróleo” en el país, según la exposición de motivos.
La DNP importa 30% de los hidrocarburos y derivados del petróleo y parte de ellos los vende a través de 69 estaciones de servicio. Tras las sanciones, la empresa no podrá comprar a sus proveedores.
La demanda nacional es suplida por la multinacional de origen Suizo, Puma Energy, que además de combustibles terminados, importa petróleo que procesa en su refinería.
Tras el anuncio de sanciones estadounidenses, algunas estaciones de DNP estaban cerradas o tenían largas filas de compradores ante el temor de desabastecimiento, principalmente en ciudades del interior y la costa Caribe, donde son los únicos distribuidores.