Odebrecht espera un acuerdo con sus acreedores el próximo 18 de marzo, en una reunión que se ha venido aplazando y que en última instancia se esperaba que fuese el pasado 29 de enero.
Desde Brasil se confirmó a este diario que el próximo mes será clave para que la compañía defina su frágil situación financiera, cuando se realice la Asamblea de Acreedores para decidir sobre el plan de reestructuración de deuda y el futuro de las empresas que forman parte de todo el conglomerado.
Bajo la lupa de un juez
Si se aprueba el plan de recuperación judicial por parte de los acreedores, un juez deberá analizar la legalidad de la asamblea general de acreedores y homologar la deliberación tomada.
A partir de este momento, todos los créditos sujetos al plan pasan a ser adeudados bajo las nuevas condiciones estipuladas. El proceso de la recuperación judicial durará dos años a partir de una sentencia, tiempo en que el cumplimiento del plan quedará bajo observación del poder judicial.
A mediados de 2019, el holding Odebrecht presentó un plan de reorganización judicial a los acreedores, proponiendo que intercambien sus cuentas por cobrar por valores de pago basados en los resultados futuros de la compañía.
La empresa, con más de $28 mil millones en deuda, de los cuales negocia casi la mitad, tiene presencia a través de varias de sus divisiones en América Latina y ha pactado acuerdos judiciales en la región, luego de que los ejecutivos del gigante brasileño confesaran que sobornaban a mandatarios, expresidentes y funcionarios de 12 países, entre ellos Panamá, para lograr hacerse con millonarios contratos públicos.
Tal maquinaria de corrupción quedó en evidencia absoluta con una investigación que se remonta a 2014 y que para 2016 imposibilitó el negocio de la construcción, cortó el acceso al crédito, visualizó el encarcelamiento de ejecutivos y derivó en el enorme plan de reestructuración que ahora espera conseguir.
El holding, núcleo del conglomerado que se extiende desde la construcción (que incluye Constructora Odebrecht) hasta el negocio de petróleo y de gas, se acogió a la protección judicial en Brasil el 17 de junio de 2019 para renegociar sus deudas de forma colectiva.
Un mes después, pidió que dicha protección se extendiera a Estados Unidos, donde el procedimiento se conoce como Chapter 15, en referencia al capítulo de la ley que trata dicho procedimiento.
El plan de recuperación judicial que acogerían los acreedores en el mes de marzo debe comprender los medios que se utilizarán para salir de la crisis, que pueden incluir un nuevo pacto de las obligaciones, venta de activos o modificación del plan de negocios.
Esto, evidentemente, tendrá implicaciones en todas sus operaciones, dentro y fuera de Brasil.
En Panamá, la constructora Odebrecht acumuló más de $9,000 millones en adjudicaciones estatales.
La firma brasileña fue la que obtuvo mayores contratos en las administraciones presidenciales de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela, incluyendo las dos primeras líneas del Metro y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, cuyo periodo para terminar los trabajos vence el próximo 29 de febrero.
También obtuvo importantes contratos con el Ministerio de Obras Públicas, de los cuales se encuentran activos y en etapa final la rehabilitación y ensanche de la carretera Panamericana, tramo Santiago-Vigui; además del proyecto que implica la rehabilitación de caminos rurales en Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, de acuerdo con información del portal Contratista Visible.
Demonios internos
En Odebrecht sigue encendida la llama de que lograrán un acuerdo satisfactorio con sus mayores prestamistas. Entre estos, se encuentran los principales bancos estatales (BNDES, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal), además de las entidades privadas del país (Itaú, Bradesco y Santander).
El camino, sin embargo, ha sido tan espinoso como su misma historia. Al tiempo que Odebrecht intenta obtener oxígeno a través de un acuerdo con sus acreedores, lucha con sus demonios internos desde que se conoció la operación anticorrupción Lava Jato.
Ruy Sampaio sustituyó en la presidencia del grupo a Luciano Guidolin, quien había encabezado el plan de recuperación judicial. La movida fue interpretada como un intento de cortar la influencia del otrora presidente Marcelo Odebrecht.
Marcelo, de 51 años, hijo del actual patriarca de la empresa, Emilio Odebrecht, fue apartado de sus funciones ejecutivas tras su detención en 2015, pero seguía en la nómina de la compañía. Sin embargo, en diciembre de 2019 fue despedido, dejando de cobrar $27,500 al mes.
La defensa de Marcelo denunció que tal despido era “otro acto de abuso de poder” de Sampaio, en un intento de “paralizar las investigaciones” sobre denuncias hechas en su contra por el propio Marcelo.
En tanto, en una entrevista publicada por el diario económico Valor, Sampaio acusó a Marcelo de chantajear a la empresa “por dinero y poder”.
Todo ello se enmarca en la filtración a la prensa de unos correos electrónicos enviados por Marcelo a ejecutivos de Odebrecht, en los que acusa a su padre, Emilio, de llevar al grupo empresarial a la quiebra. Todo, como telón de fondo frente a la reunión con los acreedores.