Los contratos vinculados con el Censo 2020 han sido un fiasco respecto a los tiempos de su adjudicación. El denominador común en dos licitaciones convocadas por la Contraloría General de la República son reclamos, impugnaciones y la posposición del censo, que ya no será el 24 de mayo próximo.
El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas tiene dos impugnaciones por resolver.
La de mayor envergadura es la interpuesta por el consorcio PBS-Xerox, grupo que presentó una de las tres ofertas para la impresión y suministro de materiales censales, servicios logísticos y de procesamiento de los cuestionarios del Censo 2020.
La disputa por el contrato de más de $6 millones provocó la postergación de la fecha del censo, y todavía no se sabe cuándo se celebrará.
El pasado 5 de diciembre, cuando se conoció del aplazamiento de la gran encuesta nacional, el presidente Laurentino Cortizo dijo que se reuniría con los directivos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República. Pero de ese encuentro no se han conocido detalles.
Otro recurso de impugnación, en otra de las licitaciones, fue interpuesto por la empresa RC Contractors.
En este caso, la disputa es por la compra de teléfonos móviles y accesorios que serían utilizados en el empadronamiento de viviendas colectivas de los nacionales en 2020.
La convocatoria de este último acto se dio el pasado 24 de junio. Y además de RC Contractors, participó Cable & Wireless Panamá y Techno Exports.
Las dos primeras compañías ofertaron exactamente la misma cantidad: $359,306.
En tanto, Techno Exports propuso hacerse cargo del contrato por $399,825.
En este caso, la comisión evaluadora finalmente decidió declarar desierta la licitación el 25 de septiembre, al considerar que ninguno de los tres proponentes había cumplido con todo lo que se requería en el pliego de condiciones.
Pero luego de agotar la vía de los reclamos ante la Dirección de Contrataciones Públicas, RC Contractors decidió elevar su inconformidad ante el Tribunal, alegando que sí tenía el personal idóneo requerido, entre otros de los requisitos cuestionados.
Dicha impugnación fue admitida el pasado 11 de octubre por el Tribunal Administrativo, que posteriormente pidió un informe de conducta a la Contraloría para que hiciera sus descargos del proceso. Por ahora, no hay un fallo en este caso.
Por otra parte, el recurso de impugnación para la impresión y suministro de materiales censales fue interpuesto por PBS-Xerox el 23 de octubre de 2019 y admitido el 28 de octubre por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas; también se encuentra a la espera de dictamen.
Según lo que plantea el artículo 148 de la Ley 22 de 2006, sobre las contrataciones públicas, después de la presentación del recurso, el tribunal tiene la responsabilidad de emitir su fallo en 10 días hábiles, al tratarse de reclamaciones vinculadas con asuntos estrictamente jurídicos.
Pero ante el silencio del tribunal, se interpreta que esta instancia podría considerar que tiene hasta 60 días para emitir su juicio, una posibilidad que le permite la ley de contrataciones públicas, siempre y cuando se trate de un caso en el que haya que practicar pruebas.
“Nosotros no podemos estar en este rejueguito de las empresas y las impugnaciones”, dijo Cortizo cuando se conoció sobre la postergación del Censo 2020.
Empresas que participan en estos procesos advierten que ante las impugnaciones es el Tribunal el que debe fallar en los tiempos que estipula la ley, sin entrar en dilataciones innecesarias, y sin importar las cuantías de los contratos.
Otros hablan de pésimas evaluaciones por parte de las comisiones encargadas de evaluar las propuestas.