Con la creación de un régimen especial para el establecimiento y operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura, Panamá pretende posicionarse como un centro regional para la manufactura y el ensamblaje, una actividad poco explotada en el país.
Ayer, el presidente Laurentino Cortizo sancionó en un evento celebrado en Colón la ley que crea este nuevo régimen, conocido por el acrónimo EMMA, y que se enfoca en la atracción de multinacionales que prestan servicios de manufactura, ensamblaje, mantenimiento y reparación de productos, así como empresas farmacéuticas y de equipos e insumos médicos, como dijo el propio mandatario.
Su ámbito de aplicación es nacional y, por lo tanto, no se circunscribe a ninguna zona geográfica especial.
El régimen ofrece incentivos fiscales, como una tarifa de 5% en el impuesto sobre la renta o la exención del impuesto complementario.
También se ofrecen incentivos migratorios y laborales, en un intento de emular el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales, creado en 2007 y que ha permitido la instalación de 158 compañías y generado más de 7,000 puestos de trabajo, así como inversiones por el orden de los $1,100 millones, señaló el Ministerio de Comercio e Industrias en un comunicado.
Demóstenes Pérez, expresidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (Coel), señaló que aunque en Panamá los costos vinculados a la mano de obra y a la tierra son elevados, esto se compensa con unos costos logísticos más bajos que en otros países de la región y que Panamá podría aprovechar su capacidad instalada logística para atraer parte de las empresas que se están desplazando de Asia.
No obstante, también se refirió a que es una industria sin mucha trayectoria en Panamá y por lo tanto no sería fácil encontrar personal técnico capacitado, por lo que la ley permite la incorporación de técnicos extranjeros con la intención de que haya una transferencia de conocimiento.
Cortizo enmarcó la sanción de la ley dentro de las acciones para propiciar la recuperación de la economía, lastrada por una crisis del nuevo coronavirus que ha causado la suspensión de 280,000 contratos, de los que 46,000 ya se han reactivado, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
El mandatario añadió que se mantendrá el cronograma escalonado de reinicio de actividades entre el 7 de septiembre y el 12 de octubre y descartó una apertura más acelerada, como han propuesto los principales gremios empresariales, que han pedido que el cronograma de reapertura se concentre en el mes de septiembre.