Uno de los focos de acción que ha identificado el Gobierno para salir de las listas que identifican a Panamá como un país con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y en el intercambio de información tiene que ver con ampliar los controles sobre las sociedades anónimas.
Recomendaciones de GAFI
De las 40 recomendaciones técnicas del Grupo de Acción Financiera para combatir el blanqueo de capitales, Panamá cumple 15 a cabalidad; 23 son cumplidas ampliamente; 2 son cumplidas parcialmente; y no hay ninguna que figure como no cumplida.
Varias recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) están vinculadas a la supervisión de sociedades anónimas, que pueden ser utilizadas en entramados de blanqueo de capitales y evasión fiscal.
Luego de haber salido de la lista gris del GAFI en febrero de 2016, Panamá volvió a ingresar en junio de 2019 en esta lista que identifica a los países con deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales.
A pesar del avance obtenido en los últimos años en la transformación del marco legal, la falta de efectividad es un lastre en las aspiraciones del país de proyectarse como un centro de negocios comprometido con la transparencia.
Varias iniciativas legales promovidas por el Gobierno tienen que ver la supervisión de las sociedades anónimas. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la semana pasada la creación de un registro único de beneficiarios finales de las sociedades anónimas. En virtud de esta norma, se creará una base de datos a la que los agentes residentes deberán cargar información como nombre, número de identificación personal, domicilio y nacionalidad de los beneficiarios finales de las sociedades registradas en Panamá.
La base de datos será creada por la Superintendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.
Esta institución nació con Ley 23 de 2015 como una Intendencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y en la actual administración se le ha dado rango de Superintendencia con la intención de ejercer una labor de fiscalización más efectiva sobre los agentes residentes y el resto de sujetos obligados (empresas de bienes raíces, construcción, de la Zona Libre de Colón y juegos de azar, entre otros) que no forman parte del sector financiero y en los que se ha detectado una mayor debilidad en la prevención del blanqueo de capitales.
Para el próximo mes de enero, cuando inicie el nuevo periodo legislativo ordinario en la Asamblea, quedará otra ley que había sido propuesta por el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, pero que finalmente no se discutió. Se trata de una reforma a la la Ley 52 de 2016 que obligaría a los agentes residentes a remitir a la Dirección General de Ingresos información contable sobre las compañías que representan.
Este proyecto de ley está en fase de consultas con el sector privado antes de ser debatido en la Asamblea.
Sociedades suspendidas
El ministro consejero de facilitación de la inversión privada, José Alejandro Rojas, adelantó que aplicando el mandato de la Ley 52 de 2016, la actual administración ha suspendido 381 mil sociedades porque no cumplen los requisitos legales.
La Ley 52 faculta al Registro Público a suspender los derechos corporativos a las personas jurídicas que permanezcan sin designar un agente residente y a aquellas que incurran en morosidad en el pago de la tasa única por un periodo de tres años, previa orden de la Dirección General de Ingresos.
Rojas explicó que los dueños de sociedades que hayan caído en este estatus podrán activar la sociedad siempre y cuando cumplan lo que establece la ley, es decir, que designen un agente residente o que se pongan al día en los pagos pendientes.
Si en un periodo de dos años no se ha producido la reactivación de la sociedad, el Registro Público procederá con la cancelación definitiva, y dicha persona jurídica se entenderá disuelta de manera definitiva, recoge la ley.
