La crisis causada por la pandemia del nuevo coronavirus puede convertirse en una oportunidad para reformular las bases del Estado panameño, adaptarlas a una nueva realidad marcada por la transparencia, la digitalización y la tecnología, y corregir esas deficiencias que han impedido un mayor desarrollo y bienestar de la sociedad panameña hasta el momento.
Esta es una de las ideas centrales que se plantearon ayer en la quinta y última jornada de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2020, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
La presidenta del gremio, Mercedes Eleta, señaló que “la situación exige un nuevo pacto nacional, social, que incluya todos los aspectos de la vida ciudadana. Desde lo económico, social, político, institucional y laboral”.
Aunque la convocatoria a ese diálogo nacional correspondería al presidente de la República y al Ejecutivo, requeriría de la participación de todos los actores de la sociedad.
Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Adán Arnulfo Arjona, un ejercicio de este tipo permitiría “concentrar a la nación en un acuerdo sobre lo fundamental, que ayude a renovar ideas y que nos permita construir un nuevo país y configurar una genuina e incluyente visión nacional ampliamente compartida”. A su juicio, permitiría incorporar nuevos contenidos de la agenda universal, como una economía preparada para la transición ecológica, abordar el ordenamiento constitucional y legal, así como la modernización y calidad de los servicios públicos y la debida participación ciudadana.
Uno de los pilares de esa refundación debería ser un estado de derecho eficiente, que pasa por la efectiva administración de justicia, uno de esos lastres que arrastra Panamá.
En ese sentido, Arjona señaló que “un sistema económico competente y que produzca beneficios para toda la población tiene que llevar aparejado el fortalecimiento de un estado de derecho y la construcción de un sistema judicial íntegro y competente. Tanto la economía como la vida de la sociedad necesitan tribunales que inspiren confianza, que apliquen la ley de manera independiente y confiable. No se puede disociar alcanzar niveles de bienestar y desarrollo económico sin realizar en paralelo acciones efectivas para el fortalecimiento del Órgano Judicial”.
Aunque esta sea una tarea de largo plazo, “hay que emprenderla a pesar de todas las insuficiencias y dificultades que conocemos que existen”, agregó.
Por su parte, el politólogo Harry Brown señaló que en la coyuntura que se ha generado por la pandemia “podemos replantearnos cuáles son los objetivos y las prioridades del país”.
A su juicio, en ese diálogo nacional se debe aspirar a crear las condiciones para garantizar servicios públicos básicos de salud, educación y vivienda de calidad y universales.
Para conseguirlo, se debe trabajar sobre varios pilares, como la erradicación de la corrupción, una administración pública eficiente y de carrera, la descentralización territorial, un régimen tributario progresivo y que combata la evasión fiscal, así como un sistema electoral más proporcional, con transparencia total y límites más exhaustivos a la financiación privada.