Una junta federal de supervisión extendió ayer el plazo para que Puerto Rico presente su plan de reajuste fiscal para enfrentar su millonaria deuda pública, lo que le da tiempo para negociar con los acreedores e impide temporalmente posibles litigios.
La decisión de la junta representa “una muestra de confianza al proceder de nuestra administración, evidenciando que estamos actuando de una manera correcta, transparente y responsable”, dijo el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en un comunicado.
La Junta Federal de Control Fiscal aprobó de forma unánime la extensión del plazo hasta el 28 de febrero, como lo había solicitado Rosselló en una carta.
El Gobierno tenía hasta el 15 de enero pasado para entregar su plan fiscal y el 15 de febrero vencía la moratoria contra eventuales litigios por parte de los bonistas, pero Rosselló pidió la extensión del plazo.
La Junta aprobó extender la moratoria contra litigios hasta el 31 de mayo.
“Puerto Rico se encamina hacia su recuperación”, insistió Rosselló, quien asumió sus funciones como gobernador el 2 de enero pasado.
José Carrión III, presidente del organismo federal, destacó que el Gobierno puertorriqueño no podrá tomar préstamos a corto plazo para hacerse de liquidez.
La Junta fue creada en 2016 por el Congreso estadounidense para monitorear y supervisar las medidas del gobierno de la isla para hacer frente a la crisis económica que la afecta desde hace una década, con un déficit fiscal de unos 70 mil millones de dólares.