El sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta días oscuros y decisivos. Los estados financieros de 2019, hasta hace poco divulgados por la entidad, confirman que el déficit en el subsistema de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) fue de $249.9 millones.

Mientras que el déficit neto de este programa calculado por la junta técnica actuarial de la CSS para 2020 es de $869 millones.

Los ingresos anuales en concepto de cuotas obrero patronal no alcanzan para el pago de las pensiones; las reservas que se utilizan para tapar el faltante se están agotando; y el aporte que hace el Estado no es suficiente para encarar prestaciones económicas por más de $1,800 millones al año.

Con el subsistema de beneficio definido del IVM hecho trizas, el Gobierno se ha visto acorralado y ha convocado a un diálogo para salvar el sistema. Dicho diálogo apuntaría a concentrar su discusión en el modelo de las cuentas individuales de ahorro.

En esto precisamente se fundamentó la reforma al sistema de pensiones en 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos, cuando se determinó dividir en dos ejes el IVM, dando vida a un ahorro personal al que tendrá acceso una porción de la población más joven cuando entre en edad de jubilación.

Este eje, conocido como el subsistema mixto del IVM, está compuesto por las personas afiliadas a la CSS que al 1 de enero de 2006 tenían 35 años de edad o menos y que optaron expresamente por participar en este programa. Además, de todos los nuevos trabajadores que ingresaron al sistema a partir del año 2008.

Segmentar a la población en dos sistemas de pensiones permitió cortar con el efecto contagio que arrastraba el IVM de beneficio definido para ir generando un ahorro personal que garantizara el pago de la jubilación a las futuras generaciones.

Pero con las complicaciones estructurales que enfrenta el subsistema de reparto definido, vaticinadas desde las reformas de 2005, el país se enfrenta al dilema de asumir un déficit acumulado de $65 mil millones para el pago de los actuales y futuros pensionados, considerando que hasta 2077 se deben hacer desembolsos a los jubilados que forman parte de este programa.

Dino Mon, actuario y estudioso acérrimo del IVM, reveló que examina junto a un grupo de técnicos este tema para entender cómo funciona una combinación de factores que pueden cambiar el rumbo de la situación.

Dijo que considerando todas las corridas que han efectuado, la solución menos dolorosa será una migración de todos los cotizantes a un sistema de ahorro individual, haciendo cambios paramétricos que incluyen modificaciones en los aportes de la cuota obrero-patronal, variantes en la cantidad de años de cotizaciones y más aportes por parte del Estado.

“La solución está enfocada en que todo el mundo debe ir a un sistema de ahorro de cuenta individual. Me refiero a los que forman parte del sistema de beneficio definido; a quienes le falten mas de 5 años para jubilarse”, precisó Mon.

En ese análisis se contempla que a los asegurados que pasen por el proceso de reconversión de un programa a otro se les debería ofrecer un bono como aporte inicial en su cuenta de ahorro personal y se le exigiría una cantidad de años de cotizaciones para obtener una tasas de reemplazo por arriba de 60% respecto a los mejores 10 años de cotización.

De acuerdo con las corridas actuariales realizadas por Mon, los asegurados deberían cotizar al menos por 35 años, y pagar una cuota obrero patronal de 18% en vez del 13.5% que se asume actualmente.

En estos momentos, los cotizantes deben hacer aportes por 25 años, pero estas cuotas en la práctica siempre son superadas, considerando todos los años de vida productiva de un trabajador promedio.

El trabajador que quiera cotizar por menos tiempo, tendría que asumir una reducción en su cuota de reemplazo, que es el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajadores en activo.

Para hacerle frente al bono al que hace referencia, el Estado tendría que aportar unos $500 millones anuales para amortizar el reconocimiento que se le dará a los futuros jubilados, el cual se solventaría con un aumento del impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS).

Dino Mon, sin embargo, dijo que es en la mesa del diálogo donde se deben analizar todas estas variables paramétricas para evitar la debacle del sistema.

Narrativa política

Cambios de este tipo serían justamente los que intentó esquivar el presidente Laurentino Cortizo, cuando en la convocatoria del diálogo nacional reiteró que los participantes debían ser creativos, con opciones a corto y mediano plazo que no involucren medidas paramétricas.

Cuando habla de no acudir a las medidas paramétricas se refiere a descartar cambios en la edad de jubilación, cuotas de cotización o porcentajes de repago de las pensiones.

En este tema hay varias corrientes. Y una de ellas es la del economista Juan Jované, exdirector de la CSS, quien considera que hay que “volver al sistema solidario como principio no negociable”, para que las nuevas generaciones aporten a los que ya están pensionados o por pensionarse.

Esta corriente también promete formar parte del debate, pero desde ahora encuentra oposición por parte de otros expertos.

A juicio del economista y consultor Domingo Latorraca, una medida de este tipo lo único que haría es arrastrar a un hueco sin fondo a los que tienen garantizada una estructura de ahorro individual sostenible en el tiempo.

“El sistema de reparto definido tiene una falla de diseño. No es sostenible y no podemos condenar al país a este esquema”, enfatizó Latorraca.

Jorge Nicolau, consultor y estudioso de las finanzas del IVM, precisó que no es una opción migrar a un sistema de beneficio definido, porque efectivamente 600 mil cotizantes del sistema mixto, con un total de activos por $5,032 millones, apenas pueden resolver el problema por un par de años, sacrificando sus propias jubilaciones y duplicando la cantidad de personas sin una pensión a futuro.

Por otro lado, “entraríamos a un club de países en los que está Venezuela y Argentina, con sistema de pensiones con un componente de beneficio definido. Eso sería nefasto”.

Una pirámide insostenible en el tiempo

El modelo de reparto definido establece que la generación de cotizantes actuales paga las pensiones de los jubilados actuales con la esperanza de que las generaciones siguientes le paguen las pensiones a ellos.

Para que esto funcione, como en el pasado, tendría que haber muchos cotizantes aportando por cada cada jubilado actual.

Sin embargo, los actuarios explican que a través de los años, con el aumento de la expectativa de vida y una menor natalidad se hizo imposible que los nuevos cotizantes pagaran por tanto tiempo las pensiones de sus antecesores.