A menos de dos años para que se termine la vigencia del contrato de concesión, Panama Ports Company (PPC) ha emprendido una estrategia para lograr que el Estado le otorgue por la vía directa la prórroga de su concesión por otros 25 años.
En un comunicado enviado por el presidente ejecutivo de Hutchinson Ports PPC, Jared Zerbe, informa que a partir del 20 de enero se unió como asesor contractual de la compañía, durante un año, Alejandro Kouruklis, quien ocupará la posición de director de relaciones gubernamentales.
“ Los pagos serán lo esencial en una revisión y audito del contrato que aún no se ha hecho”.
José Alejandro Rojas, ministro consejero
Kouruklis fue gerente de PPC entre mayo de 2000 y diciembre de 2010, periodo durante el cual la empresa solicitó la equiparación al Estado para que se le igualara el contrato con otros operadores portuarios.
Explica que bajo esta posición, Kouruklis estará encargado de asesorar a la alta gerencia de la empresa en la construcción de relaciones más sólidas a largo plazo con el gobierno.
En esta misma comunicación, el Ejecutivo de la empresa portuaria recuerda que en 2022 se cumplen los primeros 25 años de concesión que dio el Estado panameño a Hutchinson Ports para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal. Puntualiza que “seguido automáticamente se extenderán 25 años adicionales de concesión del Estado panameño hasta 2047”. Zerbe reconoce que previo a esto es importante trabajar en “afianzar nuestras relaciones con la actual administración gubernamental y todas las partes interesadas”.
“ Hemos seguido aportando cuantiosas sumas de dinero al Estado, siendo el principal contribuyente en concepto de tarifa por movimiento de carga en los puertos nacionales”.
Jared Zerbe, presidente ejecutivo de Hutchison Ports PPC.
Recuerda que Kouruklis tiene una vasta experiencia en el sector marítimo; con Hutchison ha estado en la alta gerencia de PPC y en la terminal de la empresa en Barcelona, España.
En ese sentido, Zerbe pide a sus colaboradores que le acompañen “a darle la bienvenida [a Kouruklis] a las terminales y desearle un gran éxito durante su estadía en PPC”.
El anuncio de la empresa generó reacciones entre algunos sectores del país y diputados, que piden al Gobierno revisar el contrato de concesión. Incluso un diputado propuso que se analizara la posibilidad de citar a la empresa a la Asamblea, para que explique en detalle el manejo que se le ha dado a los ingresos y gastos.
Empleo e inversión
$1,500 millones ha invertido PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal, según la compañía.
$415 millones es la contribuciones que ha hecho PPC al Estado panameño, en canon por movimiento de contenedores.
25,000 empleos indirectos entre cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas genera PPC.
Los cambios
El polémico contrato fue modificado por el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) cuando el documento apenas tenía cinco años de vigencia, aprobándole una equiparación a la empresa con el resto de los contratos de las empresas portuarias.
A través de la resolución 14 del 13 de mayo de 2002, el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome Diez, exoneró a PPC del pago de una anualidad fija de $22.2 millones y una anualidad variable de 10% sobre el ingreso bruto anual de la compañía. Se calcula que con esta exoneración, el Tesoro dejaría de percibir poco más de mil millones de dólares en lo que quedaba de vigencia de la concesión.
Posteriormente, en la administración del presidente Martín Torrijos (2004-2009), se aprobó la adenda 1 al contrato de PPC, a través de la Ley 55 del 25 de diciembre de 2005, en la cual se estableció que la equiparación no era aplicable a la empresa, porque la misma recibió infraestructuras y puertos en operación, a diferencia de los otros operadores portuarios del país; sin embargo, no se le exigió ninguna contraprestación adicional por ese concepto. Aunque no se reincorporaron las dos cláusulas del contrato que eliminaron el pago de las anualidades fija y variable de la empresa, se establecieron otros compromisos, como aumentar el cargo por movimiento de contenedores al Estado.
En ese entonces, el hoy canciller Alejandro Ferrer era ministro de Comercio, y como tal envió un “informe de conducta” ante la Corte Suprema de Justicia, donde se presentó una demanda de ilegalidad contra la equiparación. En su escrito, Ferrer modificó la posición de la administración de Moscoso, exponiendo sus consideraciones en torno a la ilegalidad de la resolución aprobada por su antecesor Joaquín Jácome.
En el informe enviado a los magistrados, Ferrer mencionó que la equiparación violó la Ley No. 31 del 8 de noviembre de 1984, la Ley de Presupuesto y la Ley No. 55 del 27 de diciembre de 2000, las cuales establecen que la resolución de Jácome debía ser aprobada, autorizada y refrendada por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Económico Nacional (Cena).
En ese momento, Ferrer indicó que PPC no merecía ser equiparada con las otras empresas portuarias.
PPC obtuvo la concesión por ser el proponente que presentó la oferta más alta en 1997 en concepto de canon de arrendamiento. Desde ese punto de vista, Ferrer alegó que no tenía lógica que, luego de obtener la concesión, se eliminara, precisamente, el pago del canon de arrendamiento.
La equiparación fue finalmente derogada por el Ministerio de Comercio e Industrias, el 8 de septiembre de 2005.
El contrato establece que su vigencia es por 25 años, hasta el 2022, renovables por otro periodo igual, según algunas condiciones. En el documento se indica que las partes convienen en que este contrato se prorrogará “automáticamente por un período adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas de acuerdo con este contrato”. Es parte del trabajo de revisión que debe hacer el Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia no ha fallado la demanda de nulidad
La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente fallar una demanda de nulidad presentada por el abogado Pedro Meilán contra la resolución N°090 del 22 de octubre de 2010, expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta resolución declaró como información de carácter confidencial los documentos solicitados por Meilán, para conocer los estados financieros de PPC. Aunque el MEF negó esta información, a través de un hábeas data en la Corte Suprema de Justicia, los nueve magistrados fallaron a favor. Esto permitió que Meilan obtuviera los estados financieros de PPC hasta 2016. Por medio de peritos calificados se encontró que hasta ese año, PPC registró $725 millones en ganancias. Según cálculos de Meilán, esto representa $72 millones en dividendos para Panamá, que la empresa debió pagar al Estado.