El diálogo nacional para salvar al subsistema exclusivo de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha navegado sobre precondiciones.
Cuando se hizo la convocatoria nacional, el presidente Laurentino Cortizo expresó que se evitara reformas paramétricas como cambios en la edad de jubilación, tasa de reemplazo o cantidad de cuotas requeridas para pensionarse.
Hace dos días, cuando ya estaba en la recta final la aprobación de la metodología que se aplicará en las reuniones de la mesa plenaria y las mesas temáticas del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), los representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) decidieron levantarse de la mesa tras alegar, entre varios puntos, que la discusión debía centrarse en la vuelta al sistema solidario, como primer paso para recomponer y rescatar a la CSS.
Los cuatro temas que serán tratados
Una mesa analizará el fondo de pensiones del subsistema de reparto definido o Invalidez, Vejez y Muerte.
Una segunda mesa verá la incorporación de trabajadores informales que no están cotizando.
La tercera está encargada de buscar mecanismos para que la administración de la CSS sea más eficiente.
La cuarta mesa fue propuesta por la junta directiva de la CSS para evaluar el programa de enfermedad y maternidad, y las prestaciones económicas.
De acuerdo con la postura de Conato, al hoy quebrado subsistema exclusivo de beneficio definido deberían entrar todos los cotizantes, incluyendo a los que forman parte del sistema mixto, el cual tiene un componente de ahorro individual y en estos momentos goza de buena salud.
De alguna manera, la posición de los trabajadores y el mismo Ejecutivo desvirtúan la esencia del diálogo, en cuyas reuniones técnicas es donde se deben debatir todas las propuestas y llegar a un consenso para que el subsistema exclusivo de beneficio definido de pensiones siga con vida.
En 2005 se aprobaron las últimas reformas al sistema de pensiones, con las cuales se determinó que las nuevas generaciones entraban de forma obligatoria al llamado sistema mixto para no seguir arrastrando el déficit hacia los nuevos cotizantes.
Esta decisión se tomó bajo la determinación de que estas nuevas generaciones no tienen la capacidad de seguir financiando el retiro de los que están jubilados, ya que cada año hay una población de pensionados más grande, que vive mucho más tiempo, soportada por una nueva ola de trabajadores que no crece al ritmo de la anterior.
Aquellas reformas fueron un paliativo, por lo que se sabía que el país debía encarar una segunda ola de cambios en el sistema público de pensiones, algo que se esquivó durante muchos años, alegando falta de estados financieros.
Al momento de las últimas reformas se cortó el efecto contagio para con las nuevas generaciones, pero la hemorragia de enormes pagos y pocos ingresos permaneció en el subsistema exclusivo de beneficio definido del IVM del cual dependen más de 280 mil jubilados.
La posición del presidente Cortizo y la de Conato están alejadas de lo que ha alertado la Junta Técnica Actuarial (JTA) de la CSS.
El último informe de este colegiado, con fecha del 4 de febrero pasado, indica que si se consolida el sistema mixto de pensiones con el subsistema exclusivo de beneficio definido, a lo largo de algunos años el déficit se cuadruplicaría de unos $3,000 millones a un máximo por año de entre $12,000 y $13,000 millones.
Respecto a la búsqueda de posibles soluciones, la JTA recomendó reformas paramétricas para lograr la sostenibilidad del subsistema exclusivo de beneficio definido de pensiones.
Llegan a esta recomendación tras analizar la erosión de las reservas, los limitados ingresos del programa y la avalancha de pagos actuales y futuros a los que hay que hacerle frente en el IVM.
Se esperaba que el informe actuarial fuera un punto de partida para la búsqueda de soluciones técnicas en el diálogo por la CSS, pero para algunos de los participantes las cartas ya están echadas.
El Conato informó ayer que los delegados de la organización se vieron en la necesidad de levantarse de la mesa del diálogo, “al no cumplirse las condiciones necesarias para un diálogo democrático, incluyente y equitativo”.
Igualmente el Conato establece que los actores legitimados para tomar las decisiones sobre las medidas para fortalecer la CSS deben ser trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, empresarios, representantes del Gobierno, profesionales y técnicos de la salud, y jubilados y pensionados.
En el caso de los partidos políticos, diputados, diputadas y otros sectores que hoy están en la mesa, según el Conato, “no pueden formar parte de los sectores decisorios, pero pueden incluirse como observadores”.
Hoy, continúan las reuniones del diálogo, aún en fase de establecer las directrices metodológicas de un diálogo que parece haber nacido fragmentado.
