Luego de las exposiciones de distintos sectores vinculados al agro, el comercio y la industria, el pasado martes la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea aprobó en primer debate el proyecto de ley 164 que crea la Agencia Panameña de Alimentos (APA) y deroga el Decreto Ley 11 de 22 de febrero de 2006, con el que se creó la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (Aupsa).
La sesión se extendió por casi cinco horas con la exposición de los representantes de los productores, empresarios, diputados y del Ejecutivo.
La eliminación de la Aupsa fue una promesa electoral del presidente Laurentino Cortizo, como fórmula para rescatar el agro, que según los productores, estaba a punto de desaparecer por las importaciones aprobadas por esta autoridad. Sin embargo, pese a que el tema se comenzó a ver casi inmediatamente después de asumir el poder el 1 de julio de 2019, es hasta ahora que se pudo llevar a discusión en la comisión legislativa.
El proyecto aprobado contiene 41 artículos que incluyen modificaciones y propuestas de los distintos sectores, sin embargo, algunos productores no estuvieron conformes y pidieron que se devolviera el documento a la subcomisión para que se revisara, pero los diputados procedieron a su aprobación.
Por ejemplo, Nelson Cedeño de Unidos por el Agro dijo que no avala el proyecto de ley porque mantiene vivas algunas medidas establecidas en el decreto que creo la Aupsa.
Mencionó que se mantienen las competencias para la fijación de multas y cobros por los servicios. “Entonces dónde queda la eliminación real de la Aupsa y dónde queda el fortalecimiento de las instituciones que le compete esta materia”, preguntó Cedeño.
El dirigente insistió en la necesidad de tener una protección en temas sanitarios que no solamente pueden afectar a los productores sino a todos los consumidores que pagan un alto precio por productos que ingresan al país sin control porque no se cuenta con los laboratorios para señalar qué es bueno y qué es malo.
No obstante, Augusto Jiménez de los productores de Tierras Altas y quien aclaró que no es parte del gremio de Unidos por el Agro, reconoció que el artículo 3 del proyecto de ley cumple con las medidas sanitarias que habían pedido. Este artículo señala: “Para los efectos que establece la presente ley, se reconocen las funciones rectoras que la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales le atribuyen al Ministerio de Salud (MINSA) en materia de inocuidad de alimentos para consumo humano, control de zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos (E.T.A.), y al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en materia de Salud Animal, Sanidad Vegetal y Cuarentena Agropecuaria, contenidas en las normas del Código Sanitario de 1947, Ley 23 de 15 de julio de 1997 y Ley 47 de 9 de julio de 1996 y sus disposiciones reglamentarias”.
Valderrama, quien respondió a cada intervención de los representantes de los productores, defendió que la APA será una tramitadora y aunque en la junta directiva participarán los ministros de Salud, Asuntos Agropecuario y Comercio e Industrias, las decisiones técnicas se tomarán en las respectivas direcciones. Indicó que aunque la APA será autónoma “no podrá hacer lo que le da la gana, ya que solamente podrá hacer lo que la ley expresa”.
Otros sectores dijeron que el proyecto de ley aprobado mejora la regulación que existe con la Aupsa.
Abdel Torres, de la Cámara de Comercio de Chiriquí citó el artículo 53 del decreto que creo la Aupsa donde se indica que “la importación de alimento no requerirá de permiso, licencia o autorización previa alguna...”, algo que según dijo, sí es un riesgo para la salud humana y está establecido en el decreto que creo la Aupsa.
Según Valderrama, el proyecto fue modificado en dos ocasiones y se incluyeron más de 23 solicitudes de los diferentes gremios. Señaló que se cumple con eliminar la Aupsa, se devuelve las facultades a los ministerios correspondientes y se crea una unidad de trámites para poder reglamentar y regular de manera transparente las gestiones por vía virtual, con lo cual se prevé acelerar los trámites. El proyecto de ley pasó a segundo debate donde también se pueden hacer modificaciones.