La justicia de Perú prohibió salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar el 15 de enero.
Tras la decisión, en Madrid la compañía petrolera garantizó que continuará “cooperando plenamente” con la justicia peruana y dijo que su principal preocupación es la “limpieza del medio ambiente”.
El derrame de unos 6,000 barriles de crudo, calificado como “desastre ecológico” por el Gobierno, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum“, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol.
La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
“Se declara fundado el requerimiento de la fiscalía“, dijo el juez Romualdo Aguedo en una audiencia virtual, al dictar la orden para prohibir la salida de los cuatro directivos, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.
La mancha negra de crudo ha sido arrastrada por las corrientes marinas a unos 140 km al norte de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces y aves marinas.
El “Mare Doricum” ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, a unas seis millas del puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.
“Continuaremos cooperando plenamente con cualquier investigación criminal, como ya lo estamos haciendo con la investigación preliminar en curso”, indicó Repsol en un correo electrónico enviado a la AFP en Madrid.
