La Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep) calificó recientemente como un “terrible atraso” la apatía que ha tenido el Estado en reconocer en materia fiscal la inversión que hacen los padres de familia al escoger la educación privada como alternativa formativa para sus hijos.
El manifiesto de este gremio surge como respuesta a la promesa aún no cumplida del presidente Juan Carlos Varela de hacer una deducción fiscal del impuesto sobre la renta para las familias que invierten en una educación particular para sus acudidos.
Han pasado dos años desde que Varela asumió la presidencia y aún no hay nada concreto respecto a la promesa hecha en su plan de gobierno. En lo que llamo “política fiscal sostenible” aseguró que pondría fin a la medida de sobrecargar a la clase media con impuestos excesivos. “Además crearemos una deducción fiscal del impuesto sobre la renta para las familias que invierten en la educación privada de sus hijos”.
En este momento, el Ministerio de Economía y Finanzas no maneja ninguna iniciativa que refleje luz verde para poner en marcha tal promesa.
En la Asamblea Nacional hay tres iniciativas legislativas encaminadas a aumentar el tope de $2 mil y $3 mil para los estudiantes de estas escuelas que aplican para el programa de Beca Universal.
El MEF comunicó que el presupuesto general del Estado para 2017 no contempla este aumento, ya que se trata de una iniciativa que ha sido recientemente presentada en la Asamblea y que no es una ley de la República.
Las propuestas se mantienen como anteproyecto y proyecto de ley, sin que por el momento se vislumbre que los documentos sean aprobados este año en la Asamblea Nacional, ya que actualmente este órgano estatal está enfocado en el presupuesto general de la Nación, las reformas electorales y en una normativa para la carrera administrativa.
El viceministro académico de Educación, Carlos Staff, recordó ayer que el Ministerio de Educación (Meduca) se ha reunido desde el año pasado con los representantes de los colegios particulares para revisar el tema económico.
“De allí surgió el Decreto 601 [de 9 de julio de 2015], que regula la mecánica para manejar los incrementos de costos en estos centros, con la debida coordinación entre los actores (directores de centros y padres de familia)”, destacó Staff.
La Uncep ha expresado en infinidad de ocasiones que el Estado tiene una gran deuda social con los padres de familia que optan por matricular a sus hijos en estos planteles, representándole al Gobierno ahorros por cerca de $400 millones al año por los 152 mil estudiantes que atiende el sector privado.
Las promesas hacia ese sector educativo han estado como bandera política en las administraciones gubernamentales durante los últimos 10 años.
En el año 2006, durante la administración de Martín Torrijos, una comisión nombrada por el entonces ministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, planteó la situación económica que tienen que afrontar los centros educativos particulares e hizo recomendaciones para garantizar su funcionamiento.
Algunas de las alternativas que se plantearon en ese entonces fue que se pudiera lograr un precio especial en el costo de la tarifa eléctrica para estos centros de estudios.
Asimismo, se recomendó deducir del impuesto sobre la renta el equivalente al costo para el Estado de lo que significaría atender en el sistema de educación oficial a los padres que optan por la oferta educativa particular.
Se sugirió otorgar becas por parte del Meduca o el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) en aquellas escuelas particulares con capacidad instalada ociosa a los mismos costos en los que incurre el Estado al atender a los estudiantes en el sistema de educación oficial.
Se propuso otorgar intereses preferenciales y plazos más largos a las inversiones que realizan los colegios particulares a través de financiamientos en el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros.
Otra de las propuestas que quedó en el aire fue la que hiciera la administración de Ricardo Martinelli, que prometió otorgar un crédito fiscal de $600 anuales por hijo o dependiente que esté estudiando en escuela privada. Pero esto solo en promesa quedó.
La Uncep tiene más de una década pidiendo que se establezcan leyes que incentiven la creación y organización de centros educativos particulares.
