El proyecto de Ley 598, que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas panameñas, ha dividido a los gremios y a los especialistas vinculados con la industria logística del país.
Hay quienes observan en la futura norma un impedimento a la inversión extranjera, mientras que otros expresan su conveniencia porque impulsa el desarrollo del sector marítimo a través de un marco jurídico con reglas justas.
Adjuntos
Proyecto de ley 598.pdfAyer, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó el retiro del proyecto de ley que llegó a la Asamblea Nacional de la mano de Carlos García, viceministro de la Presidencia.
La Apede advirtió que el proyecto, que se encuentra pendiente de discusión por parte de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, presenta artículos restrictivos para la atracción de nuevas inversiones. Dichas limitaciones desincentivan el establecimiento de nuevas empresas internacionales y nacionales, afectando la competitividad de Panamá en materia logística frente a otros puertos de la región.
“No es oportuno crear restricciones para la inversión, y menos en este periodo, en donde se deben crear herramientas y condiciones que permitan generar las inversiones locales y extranjeras necesarias para la creación de empleos. Entre esas herramientas están el acceso a financiamientos blandos que faciliten el reemplazo oportuno de embarcaciones, inversiones en nuevas tecnologías y el desarrollo de empresas que aspiren a una posición internacional en el segmento marítimo”, puntualizó el gremio liderado por Elisa Suárez de Gómez.
El artículo 65 del proyecto de ley estipula que la Autoridad Marítima de Panamá autorizará la expedición de licencias de operación a toda persona natural o jurídica que desee prestar servicios marítimos a las naves.
Dictamina que la persona jurídica que solicite una licencia de operación para prestar servicios marítimos auxiliares a través de embarcaciones que naveguen en aguas jurisdiccionales de Panamá deberá acreditar que al menos el 75% de sus accionistas o miembros, según fuera el caso, son nacionales panameños y que el resto de sus accionistas o miembros, según fuera el caso, son nacionales de países cuyos gobiernos no tienen medidas discriminatorias contra nacionales panameños o empresas con capital panameño.
Respecto a este punto, Apede precisó que aplicar cláusulas que restringen la participación de empresas extranjeras afecta los acuerdos multinacionales, adquiridos a través de los tratados de libre comercio, suscritos y vigentes, que involucran compromisos en los distintos aspectos comerciales.
Con otra mirada, a través de un comunicado, la Cámara Marítima de Panamá (CMP) manifestó su apoyo al proyecto de ley, al considerar que “el mismo impulsa el desarrollo del sector marítimo en nuestro país, a través de un marco jurídico con reglas claras y justas”.
“Consideramos que este proyecto es cónsono con la realidad mundial, pues replica conceptos ya establecidos en otras naciones eminentemente marítimas y que salvaguardan intereses estratégicos, aportando valor económico añadido y al mismo tiempo protegen la seguridad nacional y el medio ambiente” precisaron desde la organización.
El proyecto de ley consta de 74 artículos que incluyen temas sobre seguridad, responsabilidad de propietarios, embarcaciones náufragas, procedimiento especial de notificación de la cancelación de licencias de operación. Se propone crear el Programa de Regularización y Titulación Masiva de Recintos Portuarios y de Bienes Inmuebles, bajo administración y competencia de la Autoridad Marítima de Panamá.
En la Asamblea Nacional, el proyecto también goza de apoyo. El diputado Raúl Pineda, miembro de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, dijo que “proteger la industria marítima es importante para el país, es el futuro de todos los panameños... Hay una fuente de riqueza inagotable que está por encima de otros negocios, por lo que es imposible que no protejamos a nuestra industria cuando no podemos salir a otros países a hacer cabotaje”, sostuvo.
Las palabras de Pineda se dieron en el mes de agosto, durante una reunión realizada en la sede del Parlatino, con representantes del sector marítimo, el Ministerio de Comercio e Industrias; además de especialistas en tratados comerciales, según consta en una nota de prensa de la Asamblea Nacional.
La Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) tiene una posición intermedia. Advirtió que el proyecto de Ley 598 de cabotaje que se discute en la Asamblea es “positivo”, pero reconoció que restringe o limita la inversión extranjera en su artículo 65, lo cual resulta contradictorio a cualquier esfuerzo de modernizar y optimizar un mercado o industria.
Indicó que si el país quiere presentarse como un hub marítimo innovador, moderno y globalizado y ser una potencia marítima mundial, no puede cerrar la puerta a capital, tecnología y conocimiento extranjero.
El consultor en logística, Carlos E. González de la Lastra, ha expresado que el objetivo oculto de los promotores de la ley es controlar las barcazas de distribución de combustible en el Canal de Panamá y eliminar la competencia.
Ha manifestado que se está haciendo una mala interpretación de lo que es el cabotaje, pues esta actividad se refiere al transporte marítimo de carga o pasajeros cuyo puerto de origen y puerto de destino final se encuentren entre las aguas jurisdiccionales de Panamá.
El búnker, ha precisado, no se considera cabotaje porque no se realiza un envío de combustible de puerto a puerto. Igual sucede con las industrias marítimas auxiliares.
