El proyecto de ley 598 que regulará el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de Panamá fue aprobado en la Asamblea Nacional en tercer debate con algunas modificaciones, pero casi en su totalidad conserva la propuesta original.
Se mantuvo el artículo que generó división entre algunos gremios y representantes del sector que se refiere a la nacionalidad de los inversionistas que presten los servicios marítimos.
El artículo aprobado exige acreditar que al menos el 75% de los accionistas o miembros de las empresas que soliciten una licencia para prestar servicios marítimo tienen que ser de nacionalidad panameña.
Este proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo en abril pasado y el primer debate se inició en agosto en la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea. Se nombró una subcomisión que escuchó los planteamientos de los gremios de abogados, de logística, de Marina Mercante, el Canal de Panamá, armadores y la Cámara Marítima de Panamá.
En medio del debate algunos representantes del sector y gremios como la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) advirtieron que aunque la apreciación del proyecto era positiva, limitar solo a nacionales la licencia para servicios marítimos, restringe la inversión extranjera, “lo cual resulta contradictorio a cualquier esfuerzo de modernizar y optimizar un mercado o industria”.
Apademar añadió que si Panamá quiere presentarse como un hub marítimo innovador, moderno y globalizado, “no puede cerrar la puerta a capital, tecnología y conocimiento extranjero”.
En el artículo en mención se indica que el resto de sus accionistas o miembros deben ser nacionales de países cuyos gobiernos no tienen medidas discriminatorias contra nacionales panameños o empresas con capital panameño.
Por su parte, la Asociación de Armadores Panameños ofreció su respaldo a este proyecto de ley al considerar que hace falta una regulación que ordene el sector y le permita al Estado tener control sobre sus aguas nacionales, y que se pueda desarrollar esta industria tal y como han hecho Estados Unidos y países de Europa y Asia.
Otro aspecto que regula esta ley es las naves naufragas o abandonadas en las costas y puertos panameños, que son un riesgo para la seguridad de la navegación.
