Cuando la economía de Panamá se prepara para recuperar la actividad y a empezar a salir de la crisis más profunda que ha vivido el país en los últimos 30 años, la participación activa de la banca a través de la concesión de préstamos será crucial.
Por eso, el sector privado advierte de los riesgos que tendrían para la competitividad de la industria bancaria el avance de propuestas legales que reposan en la Asamblea Nacional y que promueven una mayor regulación del sector.
Se trata, en concreto, del proyecto de ley 420, que modifica el Código Penal y establece un marco regulatorio de control a las tasas de intereses fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos otorgados por bancos, empresas financieras y tarjetas de crédito; el anteproyecto de ley 86, que modifica el Decreto Ley de 1998, por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos; y el proyecto de ley 424, que modifica y adiciona artículos a la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes.
Estas iniciativas proponen, principalmente, fijar topes máximos a las tasas de interés que pueden cobrar los bancos al hacer un préstamo y rebajar de siete a tres años el historial de crédito de personas y empresas.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jean-Pierre Leignadier, señaló ayer que “someter al sistema bancario a regulaciones en sus tasas de interés o productos crediticios le restaría competitividad a la banca panameña y terminaría impactando de manera negativa a los ahorristas y elevaría el costo de financiamiento personal”.
Leignadier recordó que en Panamá operan bancos locales y de distintos países que compiten activamente en el mercado, lo que se traduce en mejores condiciones para los clientes bancarios. “En Panamá, las personas que tienen trabajo estable tienen acceso al crédito para comprarse una casa, para comprarse un carro; financiamientos con plazos que no se ven en ningún país de la región”, dijo.
Desde el sector privado coinciden en que en una situación como la actual, de debilidad económica, es clave la participación de la banca en la reactivación.
“En estos momentos, lo que estamos viendo es cómo podemos hacer el crédito más accesible y haya más apertura de crédito hacia el mercado”, y para esto, comentó, hace falta que el Ejecutivo, la Asamblea y el sector privado estén alineados.
Una de las propuestas del sector empresarial es la creación de un programa de garantías estatales que ayude a mitigar el riesgo de crédito de empresas que, dadas las circunstancias actuales, tendrían difícil acceder a préstamos.
En lo que se refiere a la reapertura, Leignadier añadió que, como se había anticipado, está siendo gradual y se espera que continúe de esta forma luego de un prolongado cierre. En la estrategia a seguir se debería poner el foco en sectores que puedan generar empleos de manera rápida, “para contrarrestar el creciente desempleo que vivimos”.
Y es que las huellas de la pandemia en la economía se dejarán notar por un tiempo. Según el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, solo los grupos económicos incluidos en el llamado bloque 3 de la fase de reactivación (comercio al por menor y por mayor, venta de autos, servicios profesionales, servicios administrativos y construcción privada) han sufrido pérdidas mensuales en ventas por $1,500 millones.
Además, se habrían perdido 157,000 puestos de trabajo y $200 millones en salarios en estas actividades. Antes de la apertura del pasado 7 de septiembre, había más de 14 mil empresas cerradas, lo que genera una afectación para el fisco de $90 millones al mes en recaudación, según los cálculos del gremio.